El SAT formalizó el cobro de 32,132 millones de pesos a Grupo Salinas tras dos décadas
La resolución definitiva del conflicto fiscal entre el Estado mexicano y el conglomerado empresarial Grupo Salinas, formalizada este 29 de enero de 2026, representa un punto de inflexión en la historia de la administración pública y el derecho tributario en México. Tras un periplo jurídico de casi veinte años, la liquidación de un adeudo que superaba originalmente los 51 mil millones de pesos se acordó en poco más de 32 mil millones. Este pacto establece precedentes fundamentales sobre las facultades de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los límites de las estrategias de litigio corporativo.
Génesis de la deuda: El polémico régimen de consolidación
La deuda que hoy ocupa el centro de la atención nacional se originó en un contexto normativo que permitía a los grandes grupos empresariales consolidar sus resultados fiscales. Específicamente, los créditos fiscales en disputa se derivaron de auditorías realizadas por el SAT a empresas del grupo, como Grupo Elektra y TV Azteca, por los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Durante este periodo, la autoridad tributaria identificó que el conglomerado aplicó de manera improcedente diversas pérdidas fiscales para reducir su base gravable.
El mecanismo técnico en disputa residía en la capacidad de la sociedad controladora para compensar las utilidades de unas subsidiarias con las pérdidas de otras. El SAT determinó que las pérdidas declaradas por las empresas de Ricardo Salinas Pliego no cumplían con los requisitos legales bajo el régimen de consolidación. Lo que inició como una diferencia de interpretación contable se transformó en una batalla legal que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Historial de créditos fiscales en disputa
| Ejercicio Fiscal | Empresa Involucrada | Estatus Final del Crédito |
| 2008 – 2013 | Grupo Elektra / TV Azteca | Firme para cobro tras fallo SCJN |
| 2011 | FEMSA | Liquidado en 2020 |
| 2006 – 2015 | BBVA | Liquidado en 2020 |
La odisea judicial y el esquema de abonos mensuales
El historial procesal de Grupo Salinas se caracteriza por un uso exhaustivo de todos los recursos legales disponibles para postergar el cumplimiento. Sin embargo, en noviembre de 2025, el pleno de la SCJN desechó por unanimidad la mayoría de los recursos presentados por la empresa. Esta resolución validó el cobro de 51 mil millones de pesos, incluyendo actualizaciones y recargos moratorios acumulados durante dos décadas de resistencia fiscal.
El desenlace se materializó con un pago total de 32,132,897,658 pesos. Esta cifra representa una reducción de aproximadamente el 37% respecto a la pretensión original. Este ajuste no fue un acto discrecional, sino la aplicación del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicha norma permite la reducción de multas y recargos para contribuyentes que optan por la liquidación voluntaria tras una sentencia firme, bajo supuestos específicos de cumplimiento.
Estructura del acuerdo de liquidación 2026
- Pago Inicial: El 29 de enero de 2026, el grupo depositó 10,400,630,537 pesos en la Tesorería de la Federación (Tesofe).
- Saldo Remanente: Los 21,732 millones restantes se cubrirán mediante 18 pagos mensuales consecutivos.
- Garantía: El depósito inicial representó el 32% del adeudo, superando el 20% que exige la ley para autorizar pagos a plazos.
Impacto en el sistema tributario y gasto social
La resolución de este conflicto deja lecciones que reconfiguran la relación entre el Estado y el capital privado. El principal precedente técnico es la validación de la facultad del SAT para fiscalizar directamente a las sociedades controladoras. Este criterio debilita las estrategias de fragmentación corporativa utilizadas anteriormente para diluir responsabilidades fiscales. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el proceso se resolvió estrictamente dentro del marco jurídico nacional.
Los 32 mil millones de pesos recuperados tienen una relevancia presupuestaria directa para el país. Estos recursos se integrarán al presupuesto general para financiar prioridades de infraestructura y gasto social en 2026. Se estima que este monto equivale a una porción sustancial del presupuesto de salud en estados clave o a proyectos de vivienda popular. La recuperación de estos activos permite compensar variaciones en otros ingresos federales sin necesidad de contratar deuda pública adicional.
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