Un esquema de prestanombres y contratos opacos vincula a TV Azteca con el control secreto del Club Puebla
El Estadio Cuauhtémoc, un recinto deportivo emblemático propiedad del Gobierno del Estado de Puebla, se encuentra en el centro de una polémica por una supuesta red de control opaco, prestanombres y vínculos empresariales que apuntan a una gestión indirecta por parte de Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca. A pesar de que la concesión formal que los ligaba al estadio ha terminado, el control operativo del equipo de futbol ha seguido bajo la sombra de un grupo empresarial que, presuntamente, utiliza prestanombres para evadir restricciones de la Liga MX.
En 2010, el gobierno estatal otorgó una concesión del estadio a la empresa “Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V.”, públicamente ligada a la televisora. Esta empresa administró el estadio por más de una década, hasta que en septiembre de 2023, el gobierno de Puebla extinguió formalmente la concesión, bajo el argumento de que el plazo de la misma había vencido. Sin embargo, el control operativo tanto del estadio como del Club Puebla ha continuado bajo figuras que no aparecen como propietarios oficiales, lo que ha generado sospechas de una simulación legal.
La Red de los Palcos y la Concesión Opaca
La historia detrás de la administración del Club Puebla se remonta a 2016, cuando dos abogados con vínculos a Grupo Salinas fundaron la empresa que opera el equipo. Este esquema, según la información difundida, le ha permitido a Ricardo Salinas Pliego eludir las regulaciones de la multipropiedad en la Liga MX, ya que también es propietario del Mazatlán FC.
La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) ha sido señalada por permitir este tipo de simulación, la cual podría tener implicaciones legales, incluyendo la evasión fiscal y el manejo opaco de recursos, al no transparentar los verdaderos dueños del equipo.
En paralelo a estas revelaciones, el Gobierno de Puebla ha iniciado una revisión de los contratos de los palcos del estadio Cuauhtémoc. El objetivo es regularizar su propiedad y devolver los que corresponda a los legítimos dueños. Esta medida forma parte de una reestructuración patrimonial más amplia, que incluye auditorías en otros espacios públicos como parques y museos, lo que ha puesto el foco en la opacidad de los contratos entre entidades gubernamentales y empresas privadas.
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La investigación de los contratos de los palcos y la concesión del estadio subraya un esfuerzo del gobierno estatal por recuperar el control de su patrimonio. El caso del Club Puebla, con sus presuntos dueños «fantasma» y su vinculación indirecta a un grupo empresarial, se ha convertido en un símbolo de la necesidad de una mayor transparencia en el deporte mexicano.
Los hallazgos exponen no solo una supuesta irregularidad en la gestión deportiva, sino también el desafío que enfrentan las autoridades para hacer cumplir las leyes en un sistema donde las redes de influencia pueden operar más allá de las restricciones legales.
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