La ley se va a votar en el pleno durante un periodo extraordinario en julio
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó recientemente, en lo general y lo particular, el dictamen que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, sustituyendo la legislación vigente desde 2019. Esta aprobación se da en el marco de una reforma constitucional promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte de una reestructuración del sistema de seguridad pública nacional. Con 22 votos a favor por parte de los legisladores de Morena, PT y PVEM, 7 votos en contra del PAN y PRI, y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano, la reforma se avaló por mayoría en comisión y se enviará al pleno para su discusión final en un periodo extraordinario previsto para la primera semana de julio.
Principales cambios establecidos en la nueva Ley
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el traslado del mando y control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto implica que la Guardia Nacional dejará de estar bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrarse administrativa y operativamente a una dependencia militar. El titular de esta nueva Guardia Nacional será un general de división, designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena.
La ley redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, con formación profesional y basada en personal militar capacitado en técnicas policiales. Sus integrantes deberán contar con el Certificado Único Policial, garantizando que se formaron en estándares civiles y militares para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Además, se contempla que estas formaciones se vayan a impartir en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nuevas atribuciones y capacidades operativas
Uno de los aspectos más controversiales de la nueva ley es la ampliación de facultades operativas de la Guardia Nacional, las cuales incluyen labores de inteligencia, investigación, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas, siempre bajo autorización judicial. También contempla el uso de usuarios simulados y geolocalización, herramientas que antes eran exclusivas de cuerpos de inteligencia o ministerios públicos especializados.
La ley también precisa que la Guardia Nacional tendrá jurisdicción prioritaria en espacios estratégicos de competencia federal, como carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas. Estos despliegues deberán realizarse en coordinación con las autoridades estatales y municipales cuando se trate de operativos conjuntos.
Reformas legales complementarias
La aprobación de esta ley viene acompañada de una serie de reformas a ocho leyes federales y dos códigos, incluyendo la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Además, se establecen nuevos delitos especiales aplicables a los elementos de la Guardia Nacional, que se van a juzgar según la gravedad del caso por la jurisdicción militar, federal o común.
Asimismo, se incorpora una obligación anual por parte del Ejecutivo Federal de rendir un informe ante el Senado, detallando el funcionamiento, operativos, resultados y uso de recursos humanos y materiales de la Guardia Nacional.
Entrada en vigor y proceso legislativo
Aunque la ley ya se aprobó en comisiones, su entrada en vigor dependerá de su discusión y eventual aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República. Se prevé que este proceso tenga lugar durante un periodo extraordinario en julio, y que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley entre en vigor de forma inmediata o en un plazo no mayor a 30 días. Con ello, se consolidará legalmente el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena.
Reacciones políticas y sociales
Las reacciones ante esta aprobación han sido profundamente divididas. Por un lado, los partidos de la mayoría parlamentaria han defendido la reforma como una estrategia para fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado, garantizando profesionalización, disciplina y eficiencia en la Guardia Nacional. Aseguran que la formación dual (militar-policial) permitirá cumplir con los estándares constitucionales, particularmente lo establecido en los artículos 16 y 21 de la Carta Magna.
Por otro lado, los partidos de oposición y diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por los riesgos de militarización de la seguridad pública. Denuncian que la nueva ley representa una violación a los principios de subordinación del poder militar al civil, y que podría vulnerar derechos humanos al concentrar excesivo poder en una corporación con mando castrense. También cuestionan la legitimidad del acceso a datos privados, como llamadas telefónicas o ubicaciones, bajo el argumento de que no existen contrapesos suficientes.
Riesgos para la sociedad
Entre los riesgos más señalados por especialistas, académicos y organismos de derechos humanos se encuentra el hecho de que la Guardia Nacional, bajo mando militar, podría actuar con criterios de guerra y no de seguridad pública, lo cual alteraría los principios de proporcionalidad y uso de la fuerza. Además, la posibilidad de realizar operaciones encubiertas o intervenir comunicaciones podría derivar en abusos o vigilancia indebida contra opositores, activistas o ciudadanos.
Otro riesgo es que la concentración de funciones en la Sedena reduce el espacio para el control civil, la rendición de cuentas y la transparencia, pilares fundamentales en un sistema democrático. La capacidad del Congreso para supervisar anualmente las acciones de la Guardia Nacional es considerada insuficiente por los detractores de la reforma.
Perspectivas a futuro
Con esta reforma, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar un modelo de seguridad centralizado y militarizado, justificándolo en la necesidad de combatir al crimen organizado con mayor contundencia. Si bien el marco legal prevé controles judiciales y certificaciones profesionales, el debate de fondo gira en torno a si esta estructura respeta el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
En los próximos días, el tema será llevado al pleno legislativo y se prevé que se apruebe con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados. De ser así, se formalizará un cambio estructural que marca un nuevo capítulo en la historia de la seguridad pública en México, con implicaciones legales, sociales y políticas de largo alcance. La eficacia del nuevo esquema dependerá en gran medida de su implementación, el respeto a los derechos humanos y la vigilancia constante por parte de los poderes legislativo y judicial.
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