Este caso se suma a una serie de incidentes que han generado preocupación sobre la militarización de la seguridad pública en México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 175VG/2025, en la que acusa al Ejército mexicano de cometer graves violaciones a los derechos humanos al matar a seis migrantes de Egipto, El Salvador y Perú en Chiapas, el 1 de octubre de 2024. El organismo concluyó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hicieron uso excesivo de la fuerza al disparar contra un vehículo en el que se trasladaban las víctimas, sin aplicar medidas menos letales ni seguir protocolos adecuados.
Los hechos en Chiapas
El incidente ocurrió en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, cuando tres camionetas que transportaban migrantes presuntamente intentaron evadir un retén militar. Los soldados dispararon contra uno de los vehículos, matando a seis personas, entre ellas una menor de edad, e hiriendo a nueve más. Según la CNDH, no hubo un intento previo de detener el vehículo con métodos menos letales, y el uso de la fuerza no fue ni gradual ni proporcional.
La Sedena informó que los dos militares implicados quedaron separados del cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la CNDH va más allá y pide a la dependencia colaborar en la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica para las víctimas directas e indirectas. También solicita que se elabore y aplique un Protocolo de Atención al Migrante, así como cursos especializados sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en contextos de movilidad.
Otros casos similares
Este no es un caso aislado, en noviembre de 2024, el Ejército mexicano mató a dos migrantes colombianos en Baja California, alegó defensa propia. Sin embargo, no se encontraron armas ni casquillos en la escena, lo que generó dudas sobre la versión oficial y críticas por la creciente militarización en tareas de control migratorio.
En 2022, la CNDH emitió la Recomendación 163/2022 al Instituto Nacional de Migración (INM) por el uso excesivo de la fuerza contra una persona de origen cubano en Ciudad Hidalgo, Chiapas. La víctima fue sometida mediante descargas eléctricas con un aparato conocido como “chicharra”.
Además, en 2010, la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, perpetrada por el cártel de Los Zetas, evidenció la complicidad de autoridades locales y la falta de atención a las víctimas. Estos casos han reavivado el debate sobre el uso de militares en funciones de seguridad pública y migración.
Reacciones y recomendaciones
La CNDH pide a la Sedena reparar el daño y presentar un protocolo de atención a los migrantes. También solicita cursos especializados sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en contextos de movilidad. El caso ha generado atención mediática nacional e internacional, y reavivó la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y migración.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el uso excesivo de la fuerza en contra de personas migrantes y han instado a los Estados a garantizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas migratorias.
La muerte de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército mexicano evidencia la necesidad de revisar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio y garantizar el respeto a los derechos humanos. La CNDH ha emitido recomendaciones claras para evitar que hechos como este se repitan, pero su implementación dependerá de la voluntad política y la colaboración entre instituciones.
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