

Claudia Sheinbaum le pidió a Rosa Icela buscar ayuda de organismos internacionales
A 22 días de que se cumplan 11 años de la fatídica noche del 26 de septiembre cuando 43 normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, las investigaciones siguen en pausa pese a que la Presidenta de México afirma que en un año ha habido avances.
El día de ayer por la tarde, Claudia Sheinbaum, mandataria federal, se reunió con los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014, quienes le solicitaron que el GIEI regrese a las investigaciones. No obstante, la presidenta dio negativa a esta petición, argumentando que el grupo de investigadores tuvo problemas en el pasado en el país y que además muchos de ellos ya no están interesados en regresar.
Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum explicó que ayer hablaron del trabajo del nuevo fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán. También de la conformación de un equipo científico para profundizar en datos que antes no se habían considerado. Su enfoque se centra en la judicialización de los casos, buscando llevar las pruebas directamente ante un juez con suficiente sustento para que no se rechace una orden de aprehensión o una vinculación a proceso.
La Presidenta expuso que el fiscal explicó que, después de 11 años, la obtención de todas las pruebas lleva su tiempo. Ante esto, los padres de los estudiantes desaparecidos, si bien estaban de acuerdo con el nuevo método de investigación, también preguntaron a la mandataria federal cuándo se emitirían las órdenes de aprehensión vinculadas con este esquema. La reunión, aunque fructífera en el diálogo, no entregó a las familias datos nuevos sustanciales ni avances concretos sobre el paradero de sus hijos. Lo que generó un sentimiento de tristeza y decepción.

La nueva estrategia de investigación
El nuevo fiscal especial, Mauricio Pazarán Álvarez, está desarrollando una estrategia que se desliga de la participación internacional. Y se basa en nuevas líneas de investigación y métodos científicos que, según la Presidenta, no se habían utilizado en los once años previos.
Entre las líneas de trabajo actuales se encuentra un análisis minucioso de las llamadas telefónicas realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2014. El objetivo es buscar patrones y vínculos que no fueron explorados a fondo en las administraciones anteriores. Además, se está revisando exhaustivamente cada una de las carpetas de investigación existentes, con un énfasis particular en datos que fueron ignorados o subutilizados.
El enfoque del fiscal es técnico y judicial. Se busca judicializar los procesos con pruebas sólidas, un trabajo meticuloso para que cada paso tenga un sustento legal y técnico inquebrantable que evite cualquier tipo de rechazo judicial. Para ello, se está considerando contactar a las Naciones Unidas para incorporar a especialistas en investigación forense y análisis de datos. Lo que, de concretarse, sería una alternativa al regreso del GIEI, pero con un rol mucho más técnico y limitado.

El retiro del GIEI y el vacío de confianza
La versión de la Presidenta sobre el GIEI, sin embargo, contrasta con los hechos que llevaron al retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en julio de 2023. El cese de su participación no fue una conclusión formal de su mandato. Sino una decisión crítica basada en lo que los expertos denunciaron como una obstrucción sistemática por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ejército mexicano.
El GIEI fue un actor fundamental en el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así como en la revelación de vínculos entre autoridades y crimen organizado en el caso. Su salida dejó un vacío de confianza que las nuevas investigaciones, hasta ahora, no han logrado llenar completamente. Entre los motivos concretos de su retiro, el GIEI señaló públicamente:
- Negativa del Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se negó de manera sistemática a entregar información clave sobre comunicaciones, movimientos y registros del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Esta información era considerada crucial para esclarecer el paradero de los estudiantes y la posible participación de actores estatales.
- Obstrucción en el acceso a documentos: Los expertos reportaron una constante obstrucción para acceder a documentos que, se presume, podrían arrojar luz sobre el caso.
- Desaceleración de las investigaciones. El GIEI denunció que en 2023 las investigaciones se desaceleraron significativamente, coincidiendo con decisiones judiciales que favorecieron a militares implicados, como el cambio de prisión ordinaria a domiciliaria para el general Rafael Hernández Nieto.
La ONU-DH lamentó públicamente que, a pesar de la voluntad política expresada por el gobierno federal, las Fuerzas Armadas no colaboraron plenamente. En suma, el retiro del GIEI no fue un simple desinterés. Sino una ruptura con un esquema de investigación que dependía de la transparencia y la cooperación de las autoridades. Elementos que, según el propio grupo de expertos, no se cumplieron.

El contraste
La decisión del gobierno de Sheinbaum de no reincorporar a los expertos internacionales puede interpretarse como un cambio de enfoque estratégico. Que privilegia una investigación con un liderazgo mexicano. Sin embargo, también representa una ruptura con el acompañamiento internacional que dio legitimidad a las investigaciones previas.
Mientras el gobierno confía en el nuevo enfoque del fiscal Pasarán, los padres y las madres de los 43 normalistas continúan esperando, a más de una década del crimen, noticias concretas sobre el paradero de sus hijos. La tensión entre el nuevo plan judicial y la exigencia de respuestas inmediatas mantiene al caso Ayotzinapa como una herida abierta en la memoria de México.
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