La situación de Altos Hornos de México continuará en vilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del Juez Tercero de Distrito de Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, quien otorgó a Alonso Ancira un amparo contra una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
El argumento del juez fue que la acción penal se encontraba prescrita y por lo tanto la orden viola sus derechos fundamentales.
La acusación contra Ancira es por sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya por la compra de la planta “chatarra” de Agronitrogenados de Altos Hornos de México a Petróleos Mexicanos, a un precio 10 veces mayor al real, según determinó la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, consta que la última transferencia que hizo Ancira a Lozoya fue en noviembre de 2012, fecha a partir de la cual, solo se tenía un plazo de tres años para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda procediera con una querella; misma que se dio hasta mayo de 2019, con Santiago Nieto a la cabeza, durante la actual administración del presidente López Obrador. El plazo se venció en 2015.
“Pero no prescribe. Imagínense, ¿cómo van a prescribir si todavía se tiene la deuda?, porque todo eso se hizo con deuda, Pemex debe ese dinero. No es así”, sentenció el jefe del Ejecutivo Federal, la mañana de este jueves, desde su conferencia en Zacatecas.
El presidente no dio un paso atrás en la devolución de los 200 millones de dólares que AHMSA tendría que pagar por el sobreprecio de Agronitrogenados, independientemente que sea Ancira o el nuevo dueño de AHMSA quien tenga que cubrir el adeudo.
“Eso lo va a determinar la Fiscalía quién tiene que pagar, pero sí tienen que pagar, uno u otro, tienen que devolver el dinero. Porque eso está demostrado, o sea, eso sí no requiere de demasiada investigación”, apuntó.
A solo nueve horas de estas declaraciones, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado en el que informó que suspendió por seis meses a Amós José Olivera Sánchez, secretario en funciones de juez en Chiapas, el mismo que concedió el amparo a Ancira contra su detención.
“La suspensión se da porque el secretario en funciones de juez declaró la prescripción de cierta acción penal, cuando ya otro juzgado de Distrito en la Ciudad de México había resuelto previamente que dicha acción no se encontraba prescrita”, expuso.
Añadió “importante aclarar” que Olivera Sánchez sí conocía la resolución del juzgado en la capital del país, al momento de determinar la protección al empresario.
“El Poder Judicial está comprometido con los más altos estándares éticos y profesionales de cada uno de sus servidores públicos. El CJF está para velar por estos estándares y por la confianza que debemos brindar a la población. Cero tolerancia a cualquier acto contrario a la ética y legalidad que nos obligan”, detalló.
El proceso judicial contra Ancira continúa en España donde está pendiente la extradición que solicitó México.
“Tienen que devolver el dinero, esa es la condición; o sea, nosotros sí podemos decir se reparó el daño y que, de acuerdo a la ley, se determine para ver si es posible que se le reduzcan las penas, siempre y cuando se repare el daño a la hacienda pública”, concluyó el mandatario federal.
“Si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¡Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño! Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad”, denunció el presidente López Obrador, previo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal.