¡Alerta! Desabasto en México: La guerra secreta de la gasolina

Regresa el estimulo fiscal para la gasolina Magna / Foto: AP
Tras la cancelación del estimulo fiscal para la gasolina ha habido grandes problemas/ Foto: AP

El desabasto de gasolina en México se debe a una disputa por el control de precios.

Desde principios de septiembre de 2025, el país ha experimentado un desabasto intermitente de gasolina que afecta a regiones clave como el Valle de México, Nuevo León y Chiapas. El fenómeno, que se manifiesta en estaciones de servicio con largas filas, cierres parciales y la escasez de combustible Premium, no es resultado de una falla técnica, sino de una profunda tensión en la cadena de suministro. La situación ha sido directamente vinculada a una disputa entre productores, distribuidores y el gobierno federal, debido a la estrategia gubernamental de contener los precios de los combustibles para frenar la inflación. Este conflicto, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses, ha alcanzado un punto crítico que está afectando directamente a los consumidores.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener un precio tope para la gasolina por seis meses más, una medida que, aunque busca proteger la economía familiar, ha generado una presión insostenible en el sector energético. La decisión ha forzado a los actores del mercado a operar bajo márgenes cada vez más estrechos, lo que ha derivado en una reducción de la oferta que se percibe en las calles.

El origen de la tensión: La estrategia de precio de Sheinbaum

El origen del problema se encuentra en la renovación de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina. Este pacto, originalmente acordado en marzo de 2025 con empresarios del sector, fue extendido por el gobierno de Claudia Sheinbaum con el objetivo principal de evitar que el precio de los combustibles se convierta en un detonante inflacionario. El acuerdo, que estará vigente hasta febrero de 2026 con posibilidad de revisión trimestral, establece que el precio de la gasolina regular (Magna) se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro, con un promedio nacional actual de 23.54 pesos.

Para su implementación, la estrategia incluye el monitoreo de controles volumétricos, la simplificación de trámites y la creación de mesas técnicas permanentes con empresarios gasolineros. La postura del gobierno es clara: priorizar la estabilidad económica por encima de las presiones del mercado, buscando asegurar que los consumidores no sean víctimas de la volatilidad en los precios energéticos a nivel global.

La inconformidad del sector privado

La decisión de mantener los precios tope ha generado una fuerte inconformidad entre las empresas distribuidoras y los productores de gasolina. Argumentan que los costos logísticos, operativos y de seguridad han aumentado de manera significativa en los últimos meses. Sin embargo, el precio tope impuesto por el gobierno les impide trasladar estos incrementos al consumidor final, lo que presiona sus márgenes de ganancia y pone en riesgo la viabilidad de sus operaciones. Como medida de presión para visibilizar su inconformidad, algunos distribuidores han comenzado a ralentizar el envío de pipas o a limitar la venta de ciertos tipos de gasolina, lo que ha provocado desabasto intermitente.

Este fenómeno se ha hecho especialmente visible en zonas urbanas de alta demanda, como la Ciudad de México y el Estado de México, donde estaciones en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan han reportado falta de combustible Magna y Premium. El desabasto también ha afectado a municipios conurbados como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, que han reportado cierres parciales o venta limitada. La situación se replica en la zona metropolitana de Monterrey, donde Apodaca, San Nicolás y Santa Catarina han registrado estaciones cerradas o con largas filas. El desabasto comenzó en Chiapas y se ha extendido rápidamente a otras regiones. En particular, la gasolina Premium, que tiene un costo de producción más elevado, ha sido la más afectada, ya que los distribuidores han limitado su venta o la han suspendido temporalmente.

El IEPS sin estímulos

Una de las tensiones más significativas en el mercado de combustibles se deriva de la decisión de la Secretaría de Hacienda de eliminar los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel. Desde el 11 de abril de 2025, los consumidores están pagando la cuota máxima del impuesto por litro, sin ningún tipo de subsidio. Esto significa que la gasolina Magna tiene un IEPS de $6.4555 MXN por litro, la Premium de $5.4513 MXN, y el diésel de $7.0946 MXN. Esta medida, que busca aumentar la recaudación fiscal y mantener el equilibrio presupuestario del gobierno, se suma a la presión sobre los márgenes de los distribuidores, ya que los precios finales se mantienen artificialmente bajos por el pacto de precios, mientras que los impuestos se cobran en su totalidad.

Pemex en la encrucijada

La petrolera estatal Pemex, como principal proveedor de combustibles en México, se encuentra en una situación particularmente vulnerable. Bajo el pacto de precios renovado, Pemex ha tenido que mantener precios unitarios en sus terminales, sin trasladar los aumentos de costos logísticos a los distribuidores.

La empresa ha tenido que absorber el costo del transporte terrestre y marítimo, el almacenamiento y la seguridad en las rutas de distribución. Dado que Pemex ya enfrenta una deuda que supera los 100 mil millones de dólares, esta presión adicional agrava su fragilidad financiera. Aunque el gobierno ha prometido un rescate estratégico para Pemex, el sostenimiento de precios sin estímulos fiscales reduce sus márgenes operativos y limita su capacidad de inversión, lo que pone en riesgo su viabilidad a largo plazo.

Contención de la inflación vs. riesgo de desabasto

Analistas del sector, como Alejandro Montufar, director de PetroIntelligence, han evaluado el pacto de precios. Montufar ha reconocido que el acuerdo ha sido efectivo para contener el alza inflacionaria, especialmente en el rubro de energéticos. Sin embargo, advierte que el nivel de cumplimiento del pacto, que actualmente se ubica en un 94% por parte de los privados, no es sostenible en el largo plazo sin ajustes.

El experto señala que la falta de estímulos fiscales y el aumento de los costos operativos podrían llevar a rupturas más severas en la cadena de suministro, intensificando el desabasto si no se renegocian las condiciones. Montufar también advierte que el gobierno deberá reforzar el monitoreo contra el contrabando fiscal y que Pemex necesita un apoyo estructural para poder sostener esta política comercial sin comprometer su viabilidad. La situación actual, según los analistas, representa un delicado equilibrio entre la estabilidad de precios y la garantía de suministro.

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