La semana pasada hicimos un repaso sobre datos y estadísticas de los temas que se discutieron en el tercer debate presidencial, siendo uno de estos el tema de seguridad
Para evaluar la situación de seguridad de un país o de un estado, una de las métricas a las que se suele recurrir a la cifra de tasa de mortalidad por homicidios por cada 100 mil habitantes; cálculo que nos permite conocer que tan negativa es la situación de seguridad en una zona o región del país, ya que normaliza el número de homicidios entre el total de la población de cada lugar, haciendo que esta métrica sea comparable entre las diferentes entidades.
De acuerdo con los registros de defunciones de INEGI para 2022 (último año con información completa) y a las proyecciones poblacionales de CONAPO, la tasa de mortalidad de México es de 25.6 defunciones por cada 100 mil habitantes, siendo el homicidio la octava causa de muerte entre los mexicanos.
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Cuando se registran las muertes en México, se tiene que registrar la causa de estas, ya sea por causas naturales o por agresiones, lesiones o accidentes. Cuando no es posible determinar la causa de una defunción, suele utilizarse la categorización de muertes por eventos de “intención no determinada”. Esta clasificación de muertes ha suscitado diversas críticas y preocupaciones, ya que este fenómeno, aparentemente administrativo, podría estar ocultando una verdad incómoda: que el gobierno, y particularmente los gobiernos locales, están manipulando las estadísticas delictivas para hacer ver sus estados más seguros de lo que en verdad son.
De acuerdo con el INEGI, en 2022 se registraron 5,918 fallecimientos en esta clasificación. De estos registros, los de la Ciudad de México representaron el 26.2% del total, con 1,549 casos, seguida por el Estado de México con 21.5% (1,273 casos) y Jalisco con 9.4% (554 casos). A pesar de tener una menor población que el Estado de México, la Ciudad de México ha utilizado esta clasificación en una mayor cantidad de casos.
Estas cifras destacan que este tipo de registros se concentra especialmente en ciertas entidades, lo cual podría reflejar variaciones en la metodología seguida para la clasificación de las muertes, en la eficacia del trabajo de las agencias de investigación o, más preocupante aún, en la transparencia y precisión de los informes.
ALGUNAS GRÁFICAS DE CONTEXTO
De las 32 entidades del país, la que registra más defunciones como “Eventos de intención no determinada” es, con mucho, la Ciudad de México; en 2022, por cada 100 homicidios registrados por el INEGI se registraron 207 de estas defunciones de intención no determinada. Como referencia, en Coahuila esta relación sería de 18.8 eventos por cada 100 homicidios; por encima del valor nacional, pero muy lejos del valor de la capital del país.
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Las cifras oficiales indican un incremento constante en estas defunciones, particularmente entre hombres, desde 1998 hasta 2021. En 2022, en la Ciudad de México, un alarmante 37% de las muertes por causas externas fueron registradas bajo esta categoría indefinida. Esto no es solo una cuestión de estadística, sino posiblemente, de una intención de manipular la percepción pública sobre la seguridad y la criminalidad. Con la excepción del 2020, año de pandemia, entre 2018 y 2022 se registraron más eventos de intención no determinada que el total de homicidios registrados.
Si se consideran estos eventos dentro del cálculo de la tasa de mortalidad, cambia la peligrosidad de varios estados del país. Supongamos que se agrega el 100% de los eventos de intención no determinada al cálculo de la tasa de mortalidad: En el caso de la Ciudad de México, cuya tasa es de 8.1 por cada 100 mil habitantes (sexto entidad con menor número de homicidios) el considerar estas defunciones como homicidios haría que bajara al lugar 19 del país, a la par de estados como el actual Nuevo León, el estado de México o el estado de Jalisco, que se encuentran a la mitad de la distribución.
No todos los eventos de intención no determinada son necesariamente homicidios, o homicidios dolosos, pero ciertamente hay estados que están haciendo un muy mal trabajo en la clasificación de las causas de muerte de sus difuntos. El caso de la Ciudad de México es el caso más extremo, sin embargo, estados como Hidalgo, el Estado de México, Jalisco o Puebla también podrían estarse beneficiando de esta situación. Caso contrario en Coahuila, Yucatán o Aguascalientes, que incluso considerando estos fallecimientos se seguirían encontrando entre las entidades con la mortalidad por homicidio más baja del país.
IMPLICACIONES DE LAS ESTADÍSTICAS MANIPULADAS
¿Por qué el gobierno podría estar interesado en inflar las cifras de muertes de intención no determinada? La respuesta podría ser simple: para suavizar la realidad de la violencia y el crimen en México. Al clasificar homicidios como eventos de intención no determinada, se puede presentar una imagen más benigna de la situación de seguridad en cada entidad, desviando la atención de la ineficacia en el control del crimen y la violencia de las administraciones locales.
Este tipo de manipulación no solo distorsiona la realidad, sino que también impide que se tomen las medidas adecuadas para abordar el problema. Al ocultar la verdadera magnitud de la situación de inseguridad, el gobierno está fallando en su deber de proteger a los ciudadanos y de proporcionar un entorno seguro. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad sobre la seguridad en sus estados y en su país y a exigir que se tomen medidas reales y efectivas para combatir la violencia.
Ahí se lo dejo, por si en estos días viene algún político de la Ciudad de México a presumir su estrategia de seguridad.
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