Funcionarios migratorios del gobierno de Trump defendieron ante el Congreso sus operativos, en medio de muertes, protestas, cuestionamientos políticos, tensiones presupuestarias y un debate nacional encendido
Los principales jefes migratorios del gobierno de Donald Trump comparecieron ante el Congreso y defienden las redadas migratorias como parte de una estrategia que, aseguran, busca cumplir la ley, proteger al país y no ceder ante presiones políticas ni protestas crecientes.
Audiencia bajo tensión política y social
La audiencia se realizó tras semanas de intenso escrutinio público, particularmente después de las muertes a tiros en Minneapolis de Renee Good y Alex Pretti, hechos que detonaron indignación nacional, protestas, cuestionamientos legales y un fuerte debate sobre el uso de la fuerza federal.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldó públicamente a los agentes de su institución, afirmando que seguirán ejecutando los planes de deportación masiva impulsados por el presidente, sin permitir que amenazas o críticas los intimiden.
Lyons fue uno de los tres líderes de agencias federales que testificaron ante el Comité de Seguridad Nacional, enfrentando duros cuestionamientos de legisladores demócratas, mientras recibían respaldo mayoritario de republicanos, quienes defendieron la estrategia migratoria como una medida necesaria de orden.
En su intervención, Lyons reiteró que defienden las redadas migratorias y lanzó un mensaje directo a críticos y manifestantes, asegurando que cualquier intento de intimidación fracasará y responsabilizando a la retórica política de elevar los riesgos para los agentes federales desplegados.
Financiamiento, críticas y uso de la fuerza
Las agencias migratorias enfrentan además la posibilidad de quedarse sin financiamiento, en un contexto donde demócratas exigen restricciones antes de aprobar recursos, mientras las operaciones se han intensificado tras una fuerte inyección presupuestaria otorgada por el Congreso el verano pasado.
Junto a Lyons, también comparecieron Rodney Scott, titular de Aduanas y Protección Fronteriza, y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, quienes aseguraron que en los tiroteos de enero se siguieron los protocolos operativos establecidos por sus instituciones.
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Los funcionarios defendieron que el despliegue de agentes en diversas ciudades responde a inteligencia previa y objetivos definidos, negando arrestos indiscriminados, aunque activistas y legisladores denuncian violaciones a derechos civiles y detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses.
Uno de los puntos más polémicos fue el uso de máscaras por parte de los agentes, tema que divide al Congreso, con demócratas presionando para prohibirlas y Lyons rechazando comprometerse a retirarlas, al considerar que protegen la identidad y seguridad del personal.
En medio del enfrentamiento político, surgió un raro consenso bipartidista sobre la necesidad de ampliar el uso de cámaras corporales, medida que las agencias aseguran ya se implementa en miles de efectivos, con planes de expansión nacional sujetos a financiamiento.
La audiencia cerró sin acuerdos inmediatos, pero con advertencias de un “ajuste de cuentas” legislativo, mientras la administración Trump insiste en que sus operativos hacen al país más seguro, manteniendo una política migratoria que continúa polarizando a Estados Unidos.
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