Ante el incremento internacional del petróleo Brent por encima de los 100 dólares por barril, la Secretaría de Hacienda intensifica los estímulos fiscales al IEPS y se blinda con una compensación cruzada para evitar un desborde inflacionario en el país
La volatilidad en los mercados energéticos internacionales ha llevado al crudo de referencia Brent a superar nuevamente el umbral de los 100 dólares por barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y conflictos en rutas estratégicas como el mar Rojo. Este encarecimiento global ha encendido el debate sobre las repercusiones directas en la economía mexicana, planteando un reto complejo para el control de precios, los subsidios fiscales y la estabilidad macroeconómica nacional.
Estabilización de precios y el pacto con el sector gasolinero
Para contener el traslado automático de los precios internacionales al consumidor final, la administración federal mantiene en operación la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina. Este acuerdo voluntario y semestral —suscrito inicialmente en febrero de 2025 y renovado de manera consecutiva, contando con el respaldo de la Onexpo y el 96% de las estaciones de servicio del país— establece un precio máximo voluntario de 24.00 pesos por litro para la gasolina Magna (regular).
Sin embargo, el impacto del choque externo no se distribuye de manera uniforme:
- Gasolina Magna y Diésel: Amortiguados por el tope de precios y la reactivación de estímulos fiscales de emergencia aplicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la última semana de julio de 2026, donde el diésel recibe un apoyo superior al 50% de su cuota impositiva.
- Gasolina Premium: Al carecer de un techo regulado dentro del acuerdo de estabilización, los usuarios de combustibles de alto octanaje absorben de forma directa las fluctuaciones internacionales, registrando promedios que superan los 29.00 pesos por litro en zonas metropolitanas como Jalisco y Nuevo León.
El costo fiscal: ¿Cómo se financian los subsidios?
De acuerdo con proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gobierno federal dejará de recaudar 28,711 millones de pesos durante 2026 debido a los estímulos fiscales otorgados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y diésel, lo que equivale al 0.077% del PIB.
La viabilidad de este sacrificio recaudatorio descansa en un mecanismo de compensación cruzada:
- Ingresos extraordinarios por exportación: A pesar de una reducción del 23.8% en el volumen físico exportado por Pemex (situado en un promedio mensual de 513,373 barriles diarios), el incremento de más del 70% en el precio de la mezcla mexicana de exportación —que escaló hasta los 100.77 dólares por barril— generó mayores ingresos por ventas internacionales.
- Derecho Petrolero para el Bienestar: A través de este gravamen de tasa fija del 30% sobre la producción de crudo, Pemex inyecta recursos extraordinarios directamente a la Tesorería de la Federación (superando los 21,899 millones de pesos mensuales en derechos), amortiguando de forma neta los costos fiscales de los estímulos al IEPS.
El desafío estructural: La balanza comercial deficitaria
A pesar de que la compensación cruzada provee estabilidad temporal a las finanzas públicas, la persistencia de un petróleo caro expone la vulnerabilidad de la balanza comercial petrolera de México.
Debido a que la demanda interna de combustibles no se cubre en su totalidad con la refinación nacional, el país mantiene una fuerte dependencia de la importación de gasolinas y refinados. Dado que el encarecimiento de estos productos en los mercados internacionales suele superar porcentualmente el incremento del precio del crudo exportado, un barril a 100 dólares ensancha el saldo negativo en la balanza petrolera —la cual ha registrado déficits mensuales superiores a los 2,600 millones de dólares en 2026—, diluyendo parcialmente el beneficio macroeconómico de los altos precios internacionales y manteniendo al sistema bajo un delicado equilibrio fiscal.
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