La agenda educativa tiene variables que pueden ser complicadas en muchos aspectos. No todos conocen las ventajas, derechos y obligaciones que los alumnos deben cumplir para poseer los conocimientos adecuados y aprovechar al máximo los aprendizajes impartidos por los docentes.
Se han establecido acuerdos dentro de las instancias educativas que pueden ser de gran beneficio para los alumnos. Pero que de igual manera pueden no ser lo que actualmente se requiere para obtener los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo. Las tendencias y las exigencias, en ocasiones sin fundamentos, han obligado a la Secretaría de Educación Pública a seguir una agenda poco adecuada. Para los términos que se buscan complementar en materia educativa. Dejando un rezago en los alumnos y quitando autoridad a las autoridades que dirigen las escuelas.
El claro ejemplo se presentó durante la pandemia generada por el COVID-19. Ejemplo en que se puede tener un punto esencial que fue el detonante del rezago académico que actualmente se vive en todo el país: La libertad de decidir.
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Es importante explicar y desarrollar este punto para comprender el objetivo del mismo. Ya que durante esta contingencia, se permitió que los alumnos fueran protegidos por las instituciones gubernamentales. Permitiéndoles incumplir con sus actividades diarias y siendo acreditados aunque no obtuvieran los conocimientos adecuados.
No se consideraron solamente las dificultades que las personas de escasos recursos poseían para adquirir equipos telefónicos o de cómputo para que sus hijos llevaran a cabo sus clases en línea. Sino que además, se les dio la misma facilidad de evadir sus responsabilidades a los alumnos que si tenían dichas posibilidades. Y por el simple hecho de argumentar que la Secretaría de Educación Pública aprobaría a todos aquellos alumnos del nivel Medio y Medio Superior. Aun así ellos hayan incumplido con la mayoría de sus deberes y actividades diarias.
Esto, aunado a otras causas, han provocado que todos aquellos alumnos que ahora se encuentran estudiando en modalidad presencial, tengan dificultades para socializar. Y la autoridad de los docentes y directivos se vea degradada por la idea de que Secretaría de Educación continuara avalando sus faltas e incumplimientos. Esto termina siendo irónico, ya que si es así, el apoyo lo obtienen indebidamente sin una investigación previa.
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La inclusión de alumnos con diversas discapacidades debe ser prioridad. Apoyar a las personas de bajos recursos para culminar sus estudios debe ser prioridad. Eliminar los alimentos chatarrra, como, por ejemplo, refrescos, papas fritas, entre otros debe ser prioridad. Sin embargo, la agenda se ha centrado en temas virales y apoyar si previa investigación a los alumnos y padres de familia que buscan ser acreditados sin cumplir con sus deberes como corresponde.
Evitar el bullying y capacitar correctamente a sus directivos, son temas prioritarios que se han quedado atrás. Alertando a los padres de familia sobre las capacidades que poseen las autoridades educativas actuales para llevar la carga de una institución académica. Las supervisiones de las zonas escolares, deben “jugar” un papel más activo dentro de sus escuelas asignadas. Siendo consciente y testigo de la omisión que existe por parte de la mayoría de las personas encargadas de estas dependencias educativas gubernamentales.
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