Es común escuchar a algunos gobernantes repetir que “no tienen ideología”, que su tarea es técnica, imparcial, y que su único interés es “gobernar para todos”. A simple vista, este discurso puede parecer razonable. ¿Quién no querría un gobierno eficiente, profesional, sin sesgos? Sin embargo, esa supuesta neutralidad es, en sí misma, una posición ideológica. Porque gobernar no es simplemente administrar recursos o ejecutar programas: es decidir a quién se escucha, qué problemas se priorizan, y qué modelo de sociedad se reproduce.
Tomemos un ejemplo cotidiano, concreto y doloroso: cada que llueve en Saltillo, la ciudad colapsa. Las calles se convierten en ríos, los fraccionamientos nuevos se inundan, el agua entra a las casas como un recordatorio brutal de que algo no se hizo bien. Y no es el cielo el culpable. Es el modelo de desarrollo urbano promovido por los gobiernos, supuestamente “eficiente” y “moderno”, pero en realidad profundamente ideológico: basado en la expansión territorial sin planeación integral, en la subordinación del interés público al negocio inmobiliario, en la fragmentación social como norma.
¿Es eso neutralidad? No. Es una visión de ciudad construida para los autos, para el capital privado, para los intereses de corto plazo, y no para el bienestar de la gente, de quienes habitan las periferias, los arroyos, los barrios históricos sin drenaje. El hecho de que este modelo se repita año tras año, no lo hace menos ideológico. Lo hace más invisible.
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Lo mismo ocurre con la política social federal: en esta entidad se oculta que su existencia es fruto de un proyecto político nacional que decidió poner “primero a los pobres”, después de décadas de abandono, simulación y clientelismo. El origen de esos apoyos no es neutral: son producto de una lucha política que ganó en las urnas. No es lo mismo una política de transferencias universales sin intermediarios que el viejo asistencialismo clientelar que usaba la pobreza como rehén electoral. Lo primero es derecho; lo segundo, dependencia. Negarlo no es imparcialidad: es un intento deliberado de borrar la memoria del pueblo, de reapropiarse simbólicamente de una política ajena para simular legitimidad local.
Cuando un gobierno afirma que “no tiene colores” pero entrega la obra pública a los mismos consorcios de siempre, cuando dice que “trabaja para todos” pero responde más rápido a un Consejo Empresarial que a las colonias populares, está haciendo política con ideología… sólo que lo hace sin decirlo, sin admitirlo, sin someterse al juicio ciudadano.
La ideología está en todo lo que se prioriza: en qué se pavimenta y qué no, en qué se regula y qué se deja hacer, en quién recibe inversión y quién espera una audiencia que nunca llega. También está en lo que se calla: en no decir que el modelo de crecimiento urbano es insostenible, en no asumir que la desigualdad se reproduce porque alguien gana con ella, en no reconocer que el discurso de la neutralidad es el disfraz más útil para seguir favoreciendo a los de siempre. Cada decisión —por más técnica que parezca— implica una toma de posición: sobre la pobreza, la salud, la educación o el desarrollo.
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Un gobierno sin ideología es imposible. Lo que sí puede —y debe— exigirse es transparencia sobre cuál es esa ideología, a quién beneficia, a quién deja fuera y con qué fundamentos éticos se sostiene. Porque de lo contrario, se corre el riesgo de seguir confundiendo la técnica con la justicia, la gestión con la equidad, y la eficiencia con el olvido.
No se trata, por supuesto, de reducir el ejercicio de gobierno a un sector poblacional. Un estado democrático debe garantizar derechos para todos y no discriminar en función de la ideología. Pero eso no significa que un gobierno deba renunciar a tener una, o fingir que todas las formas de organizar la vida social son equivalentes. Al contrario: lo que da legitimidad una administración no es la ausencia de color, sino la claridad de su proyecto político y la honestidad con la que lo defiende frente a la ciudadanía.
Y entonces, cuando vuelva a llover —porque lloverá—, no bastará con limpiar las calles. Habrá que limpiar también el discurso. Y decir, al fin con honestidad, cómo y para quién se ha gobernado aquí.
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