Por primera vez México elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
A las puertas de una elección que jamás imaginó, México se dispone a votar por sus jueces: por primera vez, los ciudadanos decidirán directamente quiénes ocuparán cargos en el Poder Judicial, desde jueces hasta ministros de la Suprema Corte. Esta votación es el resultado de una reforma constitucional aprobada en septiembre pasado, promovida en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y consolidada bajo el mandato de su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el camino hacia esta elección ha estado marcado por polémicas, retrasos y dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso. La aprobación de la reforma, las dificultades para organizar la elección y las críticas sobre la calidad de los candidatos han generado un debate intenso sobre los retos que implica poner la justicia en manos del electorado.
UNA REFORMA CONTROVERSIAL
La reforma fue aprobada la madrugada del 11 de septiembre después de 17 horas de debate en el Senado. El proceso estuvo acompañado de protestas que incluso obligaron a sesionar en una sede alterna, la antigua casona de Xicoténcatl. La reforma fue aprobada con mayoría calificada, con un voto decisivo que llamó la atención: el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez.
LA “TÓMBOLA JUDICIAL” Y EL CAOS INICIAL
Para elegir a los integrantes del Poder Judicial, se realizó el 12 de octubre en el Senado una insaculación, conocida como “tómbola judicial”. Sin embargo, el proceso estuvo lleno de confusión, con varios intentos hasta conseguir que salieran los nombres de los candidatos. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó grandes retos para organizar la impresión y distribución de más de 600 millones de boletas. La impresión, a cargo de Talleres Gráficos de México, avanzó con urgencia para cumplir los plazos.
PROBLEMAS Y RESTRICCIONES EN LAS CAMPAÑAS
Las campañas para esta elección judicial comenzaron el 30 de marzo y se extenderán hasta el 28 de mayo. Con más de 3 mil candidatos disputando 881 cargos, el proceso ha estado marcado por estrictas restricciones: no hay financiamiento público ni actos masivos permitidos, y la promoción se limita a redes sociales y propaganda impresa. Además, los candidatos deben reportar sus gastos al INE, que vigila de cerca posibles irregularidades.
POCA EXPECTATIVA DE PARTICIPACIÓN EN LAS URNAS
Las expectativas de participación ciudadana en esta elección judicial son bajas. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, estimó que solo entre el 8 % y el 15 % del padrón electoral acudirá a votar.
El ejercicio del voto será más complejo de lo habitual: los ciudadanos recibirán seis boletas distintas, cada una de un color diferente, lo que puede generar confusión al momento de sufragar. Para facilitar la participación, el INE lanzó la plataforma diseñada para que los votantes puedan ensayar su voto, familiarizarse con el diseño de las boletas y así reducir el tiempo en las casillas.
CONTROVERSIAS POR LAS CANDIDATURAS Y CUESTIONAMIENTOS A PERFILES
Las advertencias se materializaron a menos de un mes de las elecciones judiciales, cuando las boletas ya estaban impresas y en distribución. El Congreso, inició una batalla jurídica ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar 26 candidaturas judiciales: 18 por perfiles cuestionables y 8 por no cumplir con el promedio mínimo requerido, requisito que debió detectarse en la primera fase de selección.
Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, anunciaron la acción y al día siguiente se filtraron los nombres de los candidatos señalados. La mayoría ya habían sido aprobados por los comités de evaluación supervisados por los poderes, información que puede verificarse en la plataforma Conóceles del INE. Entre los delitos señalados están abuso sexual, lesiones, peculado, amenazas y la defensa legal de integrantes de la delincuencia organizada.
Estas candidaturas han generado inquietud en la ciudadanía y organizaciones civiles, que han presentado denuncias ante el INE por falta de ética. Esta elección judicial representa un cambio significativo en la manera en que México elige a quienes imparten justicia. Aunque busca acercar la justicia a la ciudadanía y evitar nombramientos a puerta cerrada, el proceso ha enfrentado múltiples retos que ponen en tela de juicio su transparencia y eficacia.
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