La persistente problemática de las desapariciones forzadas en México y la controversia en torno a las estrategias gubernamentales
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó un avance en la búsqueda de desaparecidos durante su sexenio, esta declaración surgió tras la dimisión de Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien dio como motivo el «contexto actual» sin ampliar detalles.
A pesar de la falta de explicación, muchos señalaron que el contexto resulta evidente: el aumento de desapariciones forzadas en el país y la insuficiente participación de las autoridades en la búsqueda de las víctimas. Casos recientes, como el de Lagos de Moreno, y anteriores, como el de los 43 desaparecidos, cuestionan la efectividad de la estrategia presidencial.
El 24 de agosto, AMLO indicó que habían logrado más avances que gobiernos anteriores en la resolución de la desaparición forzada. ¿La táctica? Visitar cada hogar para verificar si las personas reportadas como desaparecidas han regresado o continúan desaparecidas. Según el presidente, esta iniciativa lleva cuatro meses en funcionamiento.
Un Pasado Inquietante: La «Guerra» contra el Narcotráfico y sus Consecuencias
En noviembre de 2011, Human Rights Watch emitió un informe titulado «Ni seguridad, Ni Derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México». Cinco años después del inicio de la «guerra» por el expresidente Felipe Calderón, la violencia había escalado alarmantemente.
Las organizaciones criminales cometieron delitos graves, atacando bandas rivales y fuerzas de seguridad. Sus acciones ilícitas impactaron en diversas áreas públicas, desde extorsiones a pequeñas empresas hasta bloqueos en autopistas. En respuesta, en lugar de fortalecer las instituciones de seguridad, Calderón optó por enfrentar a las organizaciones delictivas con el Ejército y la fuerza.
Como respuesta a esta crisis de seguridad, el Gobierno mexicano tenía la responsabilidad de adoptar medidas para proteger a sus ciudadanos; sin embargo, el enfoque adoptado fue distinto. En lugar de reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas en una «guerra» contra las organizaciones delictivas. Designó al Ejército como protagonista central en esta estrategia, enfocándose principalmente en enfrentar a los carteles a través del uso de la fuerza.
En ese momento, más de 50 mil soldados participaban en operativos a gran escala contra el narcotráfico en todo México. En las áreas donde estas fuerzas estaban desplegadas, los soldados asumieron roles que solían ser exclusivos de la Policía y los agentes del Ministerio Público. Además, la autoridad civil sobre las acciones militares se vio reducida. A las operaciones de las Fuerzas Armadas se unieron miembros de la recién reconstituida Policía Federal y más de 2 mil 200 fuerzas policiales estatales y municipales.
La Realidad de la Violencia y las Desapariciones
A pesar de estas acciones, la violencia no disminuyó y las violaciones de derechos humanos se incrementaron. Esto generó un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país. Human Rights Watch documentó 39 casos de «desapariciones» en los que había pruebas contundentes de la participación de las fuerzas de seguridad. Si bien existían testigos que afirmaban haber visto a miembros de las fuerzas de seguridad secuestrar a las víctimas, las autoridades negaron haber detenido a estas personas o haberlas tenido bajo custodia.
Además de los casos documentados por Human Rights Watch, el creciente número de denuncias presentadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las comisiones de Derechos Humanos, indicaba que la práctica de las desapariciones forzadas estaba en aumento en todo el país; sin embargo, la magnitud de esta problemática a menudo se minimizaba debido a la clasificación inicial de casi todas las desapariciones como «levantones». Es decir, secuestros cometidos por la delincuencia organizada, por parte de las autoridades gubernamentales. Además, 24 de los 32 estados de México no tenían leyes que penalizaran las desapariciones forzadas, lo que dificultaba aún más la identificación y persecución de estos delitos.
Durante el Gobierno de Felipe Calderón, Coahuila fue el estado con mayor número de desapariciones forzadas, época en la que gobernaron los hermanos Moreira. Seguido de Tamaulipas y Colima. En Coahuila los municipios donde hubo mayores desapariciones fueron Torreón, Saltillo, Francisco I. Madero y Matamoros.
Tamaulipas y sus desaparecidos
La estrategia de «guerra» contra el narcotráfico, provocó un aumento en la violencia en Tamaulipas, estado sumido en una grave crisis criminal hasta el día de hoy. Al finalizar dicho sexenio, Tamaulipas presentaba las cifras más altas de desapariciones forzadas a nivel nacional. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en 2018 se registraron 5 mil 990 tamaulipecos desaparecidos. Sin embargo, la Red de Desaparecidos en Tamaulipas reportó 7 mil 661 casos entre 2006 y 2017, además de 3 mil 547 restos humanos no identificados hallados en fosas comunes.
Estas cifras alarmantes plantearon un panorama preocupante. De acuerdo con la estimación de la Red, el 73% de los hogares en ese estado se habían quedado sin jefes de familia, dejando a 11 mil 187 descendientes sin conocer el paradero de sus padres o tutores.
El Desafío Continúa
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas registró 37 mil 435 casos entre 2007 y 2018. La presión en redes sociales y la creación de comisiones de investigación, como la de Ayotzinapa, demostraron la necesidad de acción efectiva.
Poco después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entregó la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en materia de Desaparición de Personas. En esa misma línea, se firmó un decreto para establecer la Comisión de la Verdad, destinada a abordar el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes habían desaparecido en 2014. La movilización y la presión en las redes sociales fueron fundamentales para dar visibilidad a este problema y exigir justicia.
Las redes sociales jugaron un papel crucial en la visibilización de las desapariciones forzadas en México. La crisis generada por estas situaciones y la falta de acción por parte de las autoridades impulsaron diversas acciones ciudadanas y de organizaciones civiles en la esfera digital. Las protestas por el caso Ayotzinapa se entremezclaban con las imágenes de miles de personas desaparecidas, cuyos rostros se difundieron en plataformas como Facebook. La falta de avances en las investigaciones motivó a muchas personas a buscar soluciones por cuenta propia y a través de redes de apoyo.
Del 2012 al 2018, los estados que encabezaron la lista de desaparición forzada fueron Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Coahuila. En nuestro estado los municipios con más casos fueron Piedras Negras y Saltillo.
Un Reto Pendiente: La Búsqueda de la Verdad y la Justicia
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, han transcurrido dos años en este sexenio durante los cuales la cifra de desapariciones forzadas ha incrementado. Sí, es cierto que los homicidios, como menciona López Obrador, han disminuido, pero ¿qué hay de los desaparecidos? Su número sigue en aumento.
En 2022, se registraron 9 mil 453 personas desaparecidas. Lo que lo convierte en el segundo año con mayor número de desapariciones forzadas en la última década, quedando detrás del 2021 con 10 mil 413 víctimas.
Este representa el tercer año con la cifra más alta de desapariciones, alcanzando un total de 111 mil 013 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 25 de agosto de 2023. Los estados con mayor incidencia de desapariciones son Tamaulipas, Jalisco, Tlaxcala, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.
Lamentablemente, además de la estrategia del Gobierno de tocar puerta por puerta, se ha llevado a cabo la búsqueda de personas fallecidas. Hasta el momento de este artículo, se habían encontrado 13 mil 245 personas sin vida, lo que representa el 7.9% de las personas que sí fueron localizadas.
En Coahuila, el municipio con más víctimas de desaparición forzada es Torreón con cuatro, seguido de Saltillo, Piedras Negras y Francisco I. Madero, con uno cada uno.
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A un año y cuatro meses de que termine el mandato de López Obrador, las desapariciones van en aumento y uno de sus 110 compromisos sigue sin cumplirse. Dar con la verdad sobre la desaparición forzada ocurrida en Ayotzinapa y, aún más importante, impartir justicia contra los culpables y darles a las familias la oportunidad de enterrar a sus muertos. Así un sexenio más México sigue siendo una de las fosas comunes más grandes de América latina.
El contexto actual destaca un aumento sostenido de desapariciones forzadas. Aunque los homicidios han disminuido, la pregunta clave persiste: ¿qué está haciendo el Gobierno para enfrentar este preocupante problema?
La urgencia de resolver la crisis de desapariciones sigue vigente. Los compromisos gubernamentales chocan con la realidad. La búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la búsqueda de justicia para las víctimas son desafíos aún pendientes en México.
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