Alondra Jaqueline González Rangel
La situación de la discapacidad en Coahuila durante el periodo posterior a la Revolución Mexicana evidenció condiciones de desigualdad y exclusión social, así como el uso de categorías y términos que hoy resultan abiertamente ofensivos. El Estado clasificaba a las personas con padecimientos físicos y mentales mediante criterios que, más que reflejar avances científicos, reproducían prejuicios sociales profundamente arraigados.
En las primeras décadas del siglo XX, el desarrollo médico en materia de enfermedades mentales era aún limitado. En consecuencia, los diagnósticos no solo se sustentaban en observaciones clínicas incipientes, sino también en percepciones sociales y morales. La sociedad tenía un papel importante en la identificación y señalamiento de quienes eran considerados enfermos mentales.
En los hospitales psiquiátricos existía una organización interna basada en criterios como sexo, edad, estatus económico, situación jurídica y tipo de enfermedad. Las divisiones también distinguían entre quienes podían pagar su estancia y quienes recibían atención gratuita. Asimismo, los internos eran clasificados bajo denominaciones como “distinguidos”, que correspondían a pacientes de clase alta con habitación individual; “tranquilos”, asociados a padecimientos crónicos; “imbéciles”, término empleado para referirse a personas con discapacidad intelectual; “infecciosos”, para quienes presentaban enfermedades contagiosas; “epilépticos y alcohólicos”; “peligrosos”, considerados violentos; “locos”, categoría amplia que incluía síntomas como alucinaciones o cambios bruscos de ánimo; y “cretinos”, denominación aplicada a personas con graves limitaciones intelectuales (Ríos Molina, 2017).
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En cuanto a los padecimientos físicos, también se establecieron categorías específicas. Entre ellas figuraban los ciegos, jorobados, sordomudos, cojos, sordos, tullidos, mudos y mancos. Las personas con enfermedades mentales eran aisladas con el argumento de evitar disturbios sociales, mientras que quienes presentaban discapacidades físicas eran internadas en instituciones debido a su falta de aceptación en la vida pública.
De acuerdo con los Censos de Coahuila de 1921 y 1930 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las discapacidades físicas más registradas en el estado fueron la ceguera, las limitaciones motrices y la sordera. En el ámbito psiquiátrico, las categorías más frecuentes correspondían a “idiotas” y “locos” (INEGI, 1921, 1930). Estas denominaciones evidencian la carga estigmatizante con la que se describía a estas personas en los registros oficiales.
Fuente. https://www.inegi.org.mx/
INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS Y CONTROL SOCIAL
Las instituciones psiquiátricas de la época funcionaban bajo la premisa de que el aislamiento constituía el tratamiento más eficaz. Un ejemplo paradigmático fue el Manicomio de La Castañeda.
Se sostenía que separar al enfermo de su entorno emocional y social favorecería su recuperación, aunque en la práctica muchas familias utilizaban estos espacios como mecanismos de abandono (Ríos Molina, 2017). Estas instituciones contribuyeron al desarrollo de la teoría psiquiátrica y de la nosología, entendida como la disciplina médica encargada de describir, diferenciar y clasificar las enfermedades mentales.
La observación sistemática de los pacientes permitió la elaboración de manuales diagnósticos orientados a identificar distintos trastornos y, eventualmente, proponer tratamientos. Sin embargo, este proceso también implicó el uso de los internos como objeto de estudio dentro de un contexto de fuerte asimetría de poder.
Las clínicas operaban igualmente como dispositivos de control social. Existía un temor extendido ante la posibilidad de que personas con padecimientos mentales circularan libremente por las calles y generaran conflictos. Por ello, los establecimientos estaban organizados según diagnóstico y grado de peligrosidad. La escasez de recursos materiales y de personal capacitado agravaba las condiciones de vida, que con frecuencia eran insalubres y perjudiciales para los pacientes (Mínguez Sebastián, 2015).
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Los diagnósticos psiquiátricos combinaban observaciones clínicas con interpretaciones morales y sociales. Se asumía que el aislamiento protegía al individuo de estímulos emocionales considerados desencadenantes de la enfermedad, lo que reforzaba la práctica de la reclusión prolongada (Ríos Molina, 2010). Tanto en consultas externas como en internamientos, comenzaron a emplearse métodos biológicos que incluían terapias de choque, intervenciones quirúrgicas y tratamientos farmacológicos. Se esperaba que estas prácticas produjeran mejoras significativas; no obstante, sus resultados eran inciertos y, en muchos casos, perjudiciales.
En el caso de las personas con discapacidades físicas, tampoco existían tratamientos adecuados. Con frecuencia eran marginadas y confinadas debido a la falta de aceptación social. El trato que recibían solía estar marcado por la deshumanización y la ausencia de empatía, pues eran vistas como anomalías o fenómenos, más que como sujetos con derechos.
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