Las amenazas, abusos de poder y lesiones físicas son los delitos más comunes a los que se enfrentan los periodistas en México por ejercer su derecho a la libertad de expresión
En el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se presenta un análisis de la información histórica sobre los delitos que afectan la libertad de expresión y los derechos de las y los periodistas en México.
La FEADLE tiene como objetivo principal fomentar una cultura de prevención del delito y promover el respeto y la difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y la información. Su misión se centra en proteger la seguridad y el bienestar de los comunicadores. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, persisten numerosos desafíos que dificultan que los periodistas ejerzan su labor sin temor a represalias. Si te interesa conocer los principales delitos a los que se enfrentan los periodistas en el país, te invitamos a continuar leyendo.
ACCIÓN PENAL
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, entre 2010 y junio de 2024, el Ministerio Público ejerció acción penal en 385 investigaciones por delitos cometidos contra la libertad de expresión. A partir de 2018, se observó un aumento significativo en el número de indagatorias que culminaron en el ejercicio de la acción penal, lo que marcó el inicio formal de un proceso judicial. Este incremento alcanzó su punto máximo en 2022, con 45 casos que avanzaron a esta etapa. En lo que va del 2024, 10 carpetas de investigación han progresado a la fase de acción penal, lo que refleja una tendencia continua en la respuesta judicial ante estos delitos.
Bajo el Sistema Tradicional de Justicia, que operó de 2010 a 2015, 156 averiguaciones previas recibieron como determinación ministerial la acción penal (consignación), representando el 40.5% de las 385 reportadas contra la libertad de expresión. Estas investigaciones se distribuyeron en 25 entidades de la República Mexicana; sin embargo, ocho concentraron el 63.5% de las investigaciones consignadas. Entre ellas estuvieron: Estado de México (13.5%), Quintana Roo (11.5%), CDMX (7.7%), Veracruz (7.1%), Coahuila (6.4%), Chiapas, Michoacán y Tabasco (5.8%, respectivamente).
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Por otro lado, con la implementación del Sistema de Justicia Adversarial, vigente desde 2016, se han judicializado 229 carpetas de investigación, lo que significa el 59.5% del total durante el periodo de análisis. Se ha ejercido la acción penal por delitos contra la libertad de expresión en 31 de las 32 entidades, sobresaliendo nueve, las cuales concentraron el 66.8% de las incidencias. Dichas entidades fueron: Quintana Roo (13.1%), CDMX (11.8%), Yucatán (10.9%), Tlaxcala (6.6%), Puebla (5.7%), Estado de México, Veracruz y Sonora (4.8% respectivamente); y Oaxaca (4.4%).
Bajo el Sistema Tradicional, algunas entidades concentraban la mayoría de los casos, posiblemente debido a contextos de violencia o riesgos específicos en esas regiones. Con la transición al Sistema Adversarial, se observa una mayor dispersión geográfica en la judicialización, aunque ciertos estados continúan destacando por la alta incidencia de este tipo de delitos.
Este cambio revela una mayor capacidad del nuevo sistema para procesar estos casos en diferentes partes del país, lo cual se refleja en el aumento del promedio de investigaciones en las que se ejerció acción penal, pasando de 15 entre 2010 y 2015 a 32 entre 2016 y 2024. Sin embargo, persisten desafíos significativos en términos de protección efectiva y justicia para los periodistas que son víctimas de ataques contra la libertad de expresión.
DELITOS CONTRA PERIODISTAS
Hasta junio de 2024, la FEADLE ejerció acción penal en 480 delitos. Durante el período de 2010 a 2015, bajo el sistema de justicia tradicional, se judicializaron 98 delitos. Con la implementación del sistema adversarial, la cifra aumentó significativamente a 382.
A nivel nacional, los delitos más denunciados fueron las amenazas, con 125 casos, lo que representa el 26% del total. Le siguieron los delitos de abuso de autoridad (123), lesiones (56), robo (47) y daño en propiedad ajena (29). Estos cinco delitos en conjunto representaron el 79.2% de los delitos en los que se ejerció acción penal.
Además de estos delitos más comunes, se presentaron otros de menor incidencia, pero igualmente graves, que atentaron contra la integridad de los periodistas y su derecho a la libertad de expresión. Entre estos se encontraron: homicidio (20), tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (14), privación ilegal de la libertad (13), tortura (11), intervención de comunicaciones sin autorización judicial (1), y otros delitos (41), que incluyeron tentativa de homicidio, allanamiento de morada, portación de arma de uso exclusivo del ejército, secuestro, ataque a las vías de comunicación, discriminación y falsificación de documentos.
Este panorama subraya la persistencia y diversidad de amenazas contra la libertad de expresión en México y destaca tanto la gravedad de los crímenes enfrentados por periodistas como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y justicia en su favor y en su labor periodística.
Fuente: Elaboración propia con información de FEADLE.
PERSONAS SOBRE LAS QUE SE EJERCIÓ ACCIÓN PENAL
El ejercicio de la acción penal implica que la Fiscalía, tras realizar una investigación exhaustiva de los hechos, solicita a la autoridad judicial valorar las pruebas con el fin de someter a una persona a un proceso penal. Entre 2010 y junio de 2024, se ejerció acción penal contra 474 personas. De estas, el 60.5%, es decir, 287 personas, fueron servidores públicos, mientras que el 39.5% (187 personas) fueron particulares.
Este desglose revela que una parte significativa de las amenazas contra la libertad de expresión proviene de actores dentro de la estructura gubernamental, especialmente a nivel local, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia en estos entornos para proteger los derechos fundamentales.
SERVIDORES PÚBLICOS
Los delitos con mayor incidencia cometidos por servidores públicos y que recibieron acción penal del 2010 al 2024 fueron el abuso de autoridad (50.5%), tortura (14.3%), delitos contra la administración de justicia (7.3%), tratos o penas crueles e inhumanas (7.0%), y lesiones (6.6%). Estos cinco delitos aglomeraron el 85.7% del total reportado a nivel nacional.
De los 287 servidores públicos imputados, la mayoría, un 62.4% (179 personas), desempeñaban funciones en el ámbito municipal, lo que sugiere que los delitos contra la libertad de expresión son más comunes en este nivel de gobierno. Un 32.1% (92 personas) de los servidores trabajaban en el ámbito estatal, y solo un 5.6% (16 personas) pertenecían a la esfera federal.
En el ámbito de competencia municipal, el 75.4% (135) de los servidores públicos estaban vinculados a tareas de seguridad pública, el 16.8% (30) fungían como personal administrativo y un 7.8% (14) ocupaban altos cargos, destacando la imputación por delitos de dos gobernadores y 11 presidentes municipales.
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En el plano estatal, el 64.1% (59) de los servidores se vincularon con seguridad pública, el 29.3% (27) eran personal administrativo, y el 6.5% (6) restante, altos mandos, entre los que sobresalen las imputaciones de dos gobernadores, un secretario, dos diputados y un director general.
Finalmente, en el ámbito federal, el 81.3% (13) de los servidores públicos contra los que se ejerció acción penal por delitos contra periodistas pertenecían al ámbito de seguridad pública y el 18.7% al área administrativa.
La contradicción inherente en estos datos es especialmente preocupante: los servidores públicos, quienes tienen la responsabilidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, se encuentran involucrados en delitos que atentan directamente contra estos derechos.
Este desajuste resalta la disfuncionalidad y la falta de alineación entre las obligaciones de los funcionarios y sus acciones reales. En lugar de proteger y fomentar un entorno en el que se respete la libertad de expresión, algunos servidores públicos están perpetrando violaciones que precisamente deberían estar encargados de prevenir. Esto subraya la necesidad urgente de reformas y mecanismos de supervisión más estrictos. Para asegurar que los servidores públicos cumplan con sus deberes de manera que respeten y promuevan la libertad de expresión en el país.
PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL
Según el sistema de justicia penal vigente, cuando un juez determina que las pruebas presentadas son suficientes para proceder, emite una resolución que somete a la persona imputada a un proceso penal. Dicho proceso puede tomar dos formas: vinculación a proceso y auto de formal prisión.
Entre 2010 y 2024, de las 474 personas que fueron efectivamente sujetas a proceso penal, 369 han sido vinculadas a proceso, lo que significa que han sido formalmente acusadas y están en espera de juicio. Las restantes 105 personas han recibido un auto de formal prisión, indicando que se les ha dictado prisión preventiva mientras se lleva a cabo el procedimiento judicial.
De los 287 servidores públicos sobre los que se ejerció acción penal. 236 (82.2%) fueron sometidos a proceso penal. Los 51 (17.8%) restantes se encuentran en espera de audiencia inicial, ya sea derivada de una citación o por una orden de aprehensión pendiente de cumplir. En tanto, de los 187 particulares relacionados con un delito contra quienes ejercen el periodismo. 133 (71.1%) están sujetos a proceso y 54 (28.9%) a auto de formal prisión.
DEFENDIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En conclusión, el informe estadístico de la FEADLE revela un panorama complejo y en evolución respecto a la protección de la libertad de expresión en México. La transición del Sistema Tradicional de Justicia al Sistema Adversarial ha mostrado un aumento significativo en la judicialización de casos. Reflejando un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para abordar estos delitos.
Sin embargo, persisten serios desafíos:
- la alta incidencia de servidores públicos involucrados en delitos contra la libertad de expresión destaca una preocupante deficiencia dentro de las estructuras gubernamentales. Subrayando la necesidad urgente de reformas y mecanismos de supervisión más efectivos.
- La persistencia y diversidad de los delitos contra periodistas no solo exigen una respuesta judicial robusta. Sino también un compromiso continuo para fortalecer la protección y garantizar un entorno donde la libertad de expresión sea efectivamente defendida y respetada.
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