

Una sentencia laboral de hace 23 años podría arrebatarle su hogar a una familia que ha vivido en el predio por casi cuatro décadas. Exige la intervención del Gobierno del Estado
La incertidumbre y el miedo han invadido a Paula Figueroa Torres, una ciudadana de Saltillo que enfrenta un proceso de despojo injustificado por una demanda laboral en la que nunca estuvo involucrada. A pesar de contar con todos los documentos legales que la acreditan como dueña legítima de su casa, la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo ha decidido que su vivienda debe ser utilizada como forma de pago de una indemnización, derivada de un litigio de hace 23 años contra un tercero completamente ajeno a su familia.
¿Cómo ocurrió esta injusticia?
De acuerdo con la denuncia presentada por Figueroa Torres, su propiedad fue adquirida de manera legal en 1985. Cuando su padre, Eugenio Figueroa, compró el terreno a la Asociación de Colonos de Saltillo. Desde entonces, la familia ha residido en la vivienda, pagando puntualmente los impuestos prediales y cumpliendo con todas las obligaciones legales correspondientes.
Sin embargo, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha determinado que su casa debe ser entregada en un plazo de tres días, tras una resolución emitida en favor de un extrabajador. Derivada de una demanda interpuesta en contra de Sídronio Guerrero, un hombre que, según información obtenida por la denunciante, falleció hace años y jamás tuvo relación con la propiedad en cuestión.
Fallas en el proceso legal y obstáculos en su defensa
Paula Figueroa ha señalado diversas irregularidades en el procedimiento, lo que ha dificultado su defensa:
- Negativa de acceso a la información. La Junta de Conciliación y Arbitraje se ha negado a proporcionarle copias del expediente, a pesar de haberlas solicitado formalmente.
- Expediente reactivado a pesar de su antigüedad. La demanda original data de hace más de dos décadas, lo que abre la posibilidad de caducidad del proceso.
- El demandado jamás reclamó el predio. La persona señalada en la demanda nunca pagó ni habitó el terreno. Por lo que resulta incomprensible que el fallo afecte a un tercero sin relación con el caso.
- Existen otros bienes que pudieron haber sido embargados. La denunciante cuestiona por qué se adjudicó su propiedad cuando el demandado contaba con otros bienes susceptibles de embargo.
Exige justicia y la intervención del Gobierno del Estado
Ante la inminente amenaza de perder su hogar, Paula Figueroa ha solicitado amparos para frenar el desalojo. Pero la falta de acceso a la información ha complicado su defensa.
Por ello, ha hecho un llamado urgente a la Secretaria del Trabajo, Ingeniera Nazira Sogbi, y al Gobernador del Estado para que se investigue a fondo este caso y se evite un posible despojo injustificado.
«Exijo justicia y una revisión exhaustiva de este expediente. No es posible que después de casi 40 años viviendo aquí, quieran arrebatarme mi casa por un juicio en el que jamás estuve involucrada«, expresó Figueroa Torres.
La ciudadana espera una pronta respuesta de las autoridades y que su caso no quede en el olvido. Pues lo que está en juego no solo es su hogar, sino también su derecho a la propiedad y el acceso a una justicia transparente y equitativa.
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