Aunque la Suprema Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad respecto de una artículo del Código Penal de Coahuila, el criterio se volvería obligatorio para todos los jueces del país
Con 11 votos a favor (votación unánime) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, criterio que se volvería obligatorio para todos los jueces del país.
Durante el segundo día de discusión sobre la constitucionalidad del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera voluntaria, los ministros se pronunciaron por la no criminalización de este acto.
Este lunes, ocho de los once ministros manifestaron su conformidad con el proyecto de resolución de Luis María Aguilar Morales, que declaraba inconstitucional el citado artículo. Hoy, martes, el Pleno de la SCJN reinició este martes la discusión sobre la penalización del aborto, donde los ministros restantes dieron su aprobación al mismo proyecto.
El proyecto de resolución
El ministro Luis María Aguilar Morales, fue quien presentó el proyecto ante el Pleno, este lunes y, al iniciar su exposición aclaró que su propuesta no trata de defender el derecho al aborto, sino, el derecho de las mujeres a decidir ibremente sobre su vida. El proyecto avalado por la corte, señala:
“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación”
También se detalla que, no tiene cabida para anular el derecho a decidir, una postura de corte “paternalista” que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser “protegidas” de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva.
Menciona el proyecto, que ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, “plenamente consciente de las decisiones que -conforme a su proyecto de vida- son las que considera más convenientes“.
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