

La alcaldesa de Uruapan advierte que la ofensiva legal en su contra busca el mismo destino que silenció a Carlos Manzo
La sombra de la violencia política vuelve a oscurecer el panorama en Michoacán. Este 15 de febrero de 2026, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, lanzó una advertencia desesperada a través de sus redes sociales: «No les bastó con callar a Carlos, ahora lo quieren hacer conmigo». Con estas palabras, la funcionaria denunció una persecución política que, asegura, no busca justicia administrativa, sino eliminar una voz incómoda para el sistema.
La presidenta municipal vinculó directamente las recientes acciones legales en su contra con el trágico destino de Carlos Manzo. Sugiriendo que el peligro que ella enfrenta es real y tiene un trasfondo de censura. El pronunciamiento surge tras la queja presentada por cuatro legisladores ante la Auditoría Superior del Estado (ASM). Quienes acusan a su administración de irregularidades en el cobro del impuesto predial. No obstante, para Quiroz, esta auditoría es solo el disfraz de un intento de destitución.
El «Movimiento del Sombrero» bajo asedio
La alcaldesa señaló que la Comisión Inspectora de Hacienda y Deuda Pública está siendo utilizada como una herramienta para frenar al Movimiento del Sombrero. El cual, según sus palabras, «nació del dolor y de la dignidad». Quiroz acusó que los legisladores buscan enjuiciarla políticamente para abrir paso a quienes desean «volver al poder para seguir extorsionando y robando».
A pesar de los señalamientos por cobros excesivos en el predial, que según los denunciantes llegan a cuadruplicar la tarifa normal. La alcaldesa sostiene que el fondo es evitar que se exija justicia por el pasado. «No han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, y eso el pueblo lo sabe», sentenció, reafirmando que su administración es blanco de una estrategia de intimidación coordinada.
Resistencia ante la amenaza de destitución
Grecia Quiroz se mostró firme frente a la posibilidad de ser removida de su cargo o incluso encarcelada. En un mensaje cargado de simbolismo, retomó las premisas del movimiento para advertir que, pase lo que pase con su integridad o su libertad, la movilización ciudadana en Uruapan ya es imparable. «Aunque me enjuicien, aunque me destituyan, aunque me metan a la cárcel… a este movimiento ya no lo podrán parar», afirmó.
La funcionaria reiteró que su lealtad permanece con los ciudadanos y que las acusaciones de cobros excesivos son un pretexto para «callarla de cualquier forma». El clima de tensión en Michoacán escala mientras la alcaldesa insiste en que su vida y su carrera política están bajo el mismo asedio que terminó en tragedia para su antecesor, convirtiendo este caso en un punto crítico para la libertad de expresión y la seguridad de los funcionarios en la región.
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