Familias y defensas legales acusan traición a la patria, destierro ilegal y violaciones al debido proceso por envíos a Estados Unidos
Las defensas legales de “El Compa Playa” y “El Flakito” anunciaron una denuncia contra el gobierno de México por traición a la patria, asegurando que ambos fueron “desterrados” a Estados Unidos sin concluir el proceso legal de extradición.
Las familias calificaron el traslado como una ruptura del debido proceso y una violación directa a la Constitución, al no existir, según su versión, procedimientos formales ni resoluciones judiciales definitivas que respaldaran las entregas a la justicia estadounidense.
Presión internacional y soberanía
Abogadas y familiares insistieron en que la denuncia contra el gobierno de México responde a una supuesta presión del gobierno estadounidense, señalando que las decisiones se tomaron para mostrar resultados políticos, aun cuando, afirman, se sacrificó el Estado de derecho.
Yarey Sánchez Lagunas, defensa de Itiel Palacios García, alias “El Compa Playa”, y de Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flakito”, sostuvo que el país “se ha doblegado” ante exigencias externas, ignorando garantías legales y derechos fundamentales.
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La abogada recalcó que, sin importar la gravedad de las acusaciones, ninguna autoridad puede vulnerar el debido proceso, pues hacerlo, dijo, erosiona la confianza en las instituciones y normaliza prácticas que debilitan la justicia mexicana.
¿Cómo fue el caso de “El Z-27”?
En conferencia, Vanessa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27”, informó que presentó un recurso contra el Consejo Nacional de Seguridad Pública por traición a la patria y coalición de servidores públicos.
Saldívar Farías, vinculado al liderazgo de Los Zetas, fue detenido en 2013 y entregado a Estados Unidos en enero pasado, pese a que su familia asegura que no existía un proceso formal de extradición ni petición oficial estadounidense.
También se recordó su presunta relación con casos como el ataque contra agentes de ICE y la desaparición de ciudadanos estadounidenses, hechos que, aun así, según su pareja, no justifican un traslado sin resolución judicial mexicana.
Guzmán afirmó que no fue una expulsión legal, pues “El Z-27” no es extranjero y estaba próximo a beneficios de libertad condicionada, por lo que calificó el hecho como un destierro que viola la soberanía nacional.
La familia exigió respeto a los derechos humanos, comunicación con el detenido y transparencia del proceso, advirtiendo que lo ocurrido no solo afecta a los implicados, sino que abre un precedente delicado para el sistema de justicia mexicano.
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