La reforma al artículo Octavo de la Constitución de Baja California, permitía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla
El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que decreta como inconstitucional la “Ley Bonilla”, con la que se pretendía ampliar de 2 a 5 años el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
La SCJN resolvió en sesión virtual seis acciones de inconstitucional (112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y, 120/2019) sobre la llamada Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos.
El Gobernador Jaime Bonilla
Jaime Bonilla Valdez, es un político originario de Tijuana, Baja California. Dentro de su trayectoria, se ha desempeñado como diputado federal (2012 al 2015 ) y senador de la República (2018).
En el año 2018 se postuló como candidato a Gobernador en Baja California, por la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).
El pasado 2 de junio de 2019 fue elegido Gobernador del estado de Baja California con el 50.3% de los sufragios. Por último, el 1 de noviembre de 2019 rindió protesta para iniciar su mandato como gobernador constitucional; cargo que ocupa actualmente.
La “Ley Bonilla”
Tan solo un mes después de haber triunfado en estas elecciones, el 9 de julio de 2019, el diputado Víctor Manuel Morán, diputado por Morena, presentó ante el Congreso de Baja California una reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local, para que su compañero partidista y próximo gobernador, Jaime Bonilla, pudiera permanecer en el cargo durante cinco años. Lo anterior, bajo el argumento de que, en el supuesto de realizar nuevas elecciones, eso representaría un gasto sustancial al erario del Estado.
Días después, en medio de una sesión extraordinaria, el congreso local discutió y aprobó la reforma al artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, de la Constitución del Estado; mediante la cual se aprobaron los 5 años de mandato del futuro gobernante.
Pese a recibir innumerables críticas, el día 17 de julio de 2019, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma constitucional que le permitirá al morenista Jaime Bonilla Valdez gobernar por un periodo de cinco años.
Con el propósito de dar “legitimidad” a esta reforma, el día domingo 13 de octubre de 2019, antes de que el gobernador electo tomara protesta de su cargo, se llevó a cabo una consulta ciudadana sobre la llamada “Ley Bonilla”.
Siguiendo el modelo del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo puso a consideración del “pueblo bueno”, la ampliación de su mandato de dos a cinco años.
Cabe resaltar que, en esta consulta, solo participó el 1.9% del electorado del estado; quienes, según declaraciones de la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, un 84.25%, aceptaron la propuesta de ampliación del mandato, mientras que el resto de la población, se negó a este cambio. Actividad que se realizó en 17 distritos electorales en donde fueron instaladas 250 urnas para dicho proceso popular.
Al respecto, diversos medios locales reportaron la falta de control en la consulta, pues los funcionarios de casilla no pedían credencial de elector, ni tampoco se implementaron mecanismos para evitar que una persona votara más de una ocasión.
De esta forma, el gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión como gobernador número 15 de Baja California el noviembre de 2019.
Acciones de Inconstitucionalidad
Ante estas circunstancias, los partidos políticos de Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a la constitución de Baja California señalada, las cuales se radicaron bajo los números 112/2019, 113/2019, 114/2019 y 115/2019 respectivamente.
Posteriormente, a estas acciones se sumaron el Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido de Baja California (PBC) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); quienes a su vez, promovieron el mismo recurso al considerar que la “Ley Bonilla” es contraria a la constitución federal, radicándose estos procesos bajo los números 124/2019, 119/2019 y 120/2019 respectivamente.
Después de que la SCJN admitiera las acciones de inconstitucionalidad, el primer proceso en resolverse, en noviembre de 2019, fue el promovido por por el Secretario Ejecutivo del INE, el cual fue desechado de plano, por su “notoria y manifiesta improcedencia”. Sin embargo, aún restaban otras seis acciones de constitucionalidad por resolver
Fue hasta el pasado 4 de mayo del año en curso, cuando el ministro Fernando Franco González Salas, presentó un proyecto de resolución que proponía declarar inválida la Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos.
El día de ayer, 11 de mayo de 2020, por unanimidad y en un sesión virtual que duró poco más de dos horas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las reformas a la Carta Magna de Baja California, que extendían el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez hasta el año 2024.
El ministro ponente Fernando Franco González Salas, subrayó que la duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto, que el ciudadano elige no sólo quién debe gobernar, sino también por cuánto tiempo.
“La duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto, no se limita a quién debe gobernar en qué cargo y por cuánto tiempo, no puede sostenerse que exista una elección de gobernantes sin el conocimiento certero”, detalló.
Explicó también que, la reforma impugnada, violó el principio de certeza electoral, pues se votó para que el gobernante electo se desempeñara en su cargo por un periodo de dos años, sin embargo, fue luego de concluidos los comicios, cuando se modificó a cinco.
“No puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo”
, enfatizó González Salas.
Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, manifestó que “se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”.
A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la “Ley Bonilla” era contraria al artículo 105 de la Constitución, al pretender cambiar las reglas de las elecciones, cuando ya habían sido realizados los comicios, lo cual, dijo, es un fraude a la ley.
“Es un fraude a la ley. Esta votación es un precedente para evitar que cualquier autoridad, municipal, electoral o federal se perpetúe en el cargo con maniobras legales. No se debe violentar la voluntad popular”, puntualizó Esquivel.
Al considerar que la “Ley Bonilla” es violatoria de los principios democráticos de la Constitución y de certeza electoral, seguridad jurídica y no reelección, se volverá al texto anterior de la Constitución local de Baja California; por lo que el gobierno de Bonilla Valdez terminará su gestión el 31 de octubre de 2021.
Esta acción ha sido aplaudida y celebrada por diversos políticos mexicanos, como lo son el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México, Ciro Murayama; el presidente de Morena (partido que postuló a Bonilla), Alfonso Ramírez Cuéllar; el Presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno; el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés; el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova; entre otros.
