A más de 15 años de la reforma que creó el Seguro Popular para avanzar hacia la cobertura universal de salud, México sigue lejos de garantizar que toda su población tenga acceso a servicios médicos integrales sin empobrecerse en el intento. Las graves carencias persisten y profundizan las inequidades.
Y es que, aunque dicha reforma permitió afiliar a más de 50 millones de mexicanos previamente excluidos de la seguridad social, la cobertura ha sido parcial y desigual. Por ley se excluyeron padecimientos costosos como cáncer terminal, dejándolos en manos de la beneficencia pública, también se dejaron fuera medicamentos esenciales ante los crecientes problemas de desabasto.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, al menos la mitad de la población mundial carece de cobertura sanitaria, situación más grave en países de ingresos bajos y medios.
Así, millones de familias siguen erosionando su economía en atención médica privada. Se estima que el gasto de bolsillo representa 44% del total en salud, principalmente para compra de medicinas. Esto expone a más de 7 millones de hogares al riesgo de gastos catastróficos cada año. Quien se enferma, se empobrece.
Ante este sombrío panorama, la actual Administración federal optó por desmantelar al Seguro Popular en vez de fortalecerlo, sin alternativa clara que mejore la situación. Por el contrario, con la creación del INSABI se atomizaron aún más los servicios entre jurisdicciones federales y estatales. También se cancelaron programas preventivos fundamentales y el abasto de medicinas tocó niveles críticos, afectando a los más vulnerables.
Es inaudito que en pleno siglo XXI morir de un infarto dependa de la capacidad de comprar aspirinas. O que la esperanza de vida y bienestar de millones de mexicanos se determine por tener o no 100 pesos para antibióticos. Tenemos que exigir mucho más de nuestro sistema de salud, pues va en juego la dignidad humana y el futuro de la nación.
Se necesita legislatura solidaria y voluntad política para reformar a fondo el sistema y transitar realmente hacia la cobertura universal de salud, sin regateos ni exclusiones. Hay buenas prácticas en otros países de América Latina que México podría adoptar, invertir mucho más en infraestructura pública y personal calificado.
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Chile parece ir en la dirección correcta con su recientemente aprobada reforma para el Sistema Universal de Salud. Otros países de la región harían bien en seguir ese ejemplo virtuoso. No es aceptable que, en este tiempo de revoluciones tecnológicas y riqueza sin precedentes, millones de seres humanos sigan desprotegidos en materia de salud por negligencia política y falta de solidaridad social. Hay que poner la vida y el bienestar de las personas en el centro de las prioridades presupuestarias.
También urge reorientar el modelo hacia la prevención y la atención primaria, así como garantizar el abasto de todos los medicamentos esenciales. Y por supuesto, hay que desterrar la corrupción que tanto lacera el sector salud en perjuicio de las mayorías. Sólo así puede resarcirse la deuda histórica en materia de cuidados médicos integrales que como país tenemos con nuestra gente. ¡La salud universal ya; por una sociedad más justa!
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