¿Qué es la Supremacía Constitucional que MORENA eliminó por error?

Elimina Supremacía Constitucional / Foto: Nacion321
Elimina Supremacía Constitucional / Foto: Nacion321

Rubén Moreira aprovechó sus redes sociales para dar a conocer el error de los Diputados y exigir una corrección

En una sesión legislativa reciente, los diputados de Morena aprobaron una reforma constitucional que, en el proceso de eliminar órganos autónomos como el INAI, también eliminó por error el principio de supremacía constitucional y otras disposiciones clave.

Este error, señalado por legisladores del PRI y PAN, generó una fuerte polémica en el Congreso mexicano, pues Morena intentó corregirlo a través de una fe de erratas, una práctica que ya se calificó como ilegal e insuficiente por la oposición.

¿Qué es la Supremacía Constitucional?

La supremacía constitucional, es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema jurídico democrático, establece que la Constitución es la norma máxima a la que deben someterse todas las leyes y actos del gobierno. Este principio asegura que las reformas y decisiones legislativas respetan el marco constitucional y se puedan revisar por el Poder Judicial para evitar abusos de poder.

Esto significa que todas las leyes, reglamentos, actos de gobierno e incluso reformas constitucionales deben alinearse y no contradecir los principios y disposiciones de la Constitución, es un mecanismo que protege el orden jurídico y la estabilidad del estado de derecho.

Este principio está consagrado en el artículo 133 de la Constitución Mexicana, el cual establece que esta Carta Magna, junto con los tratados internacionales y las leyes emanadas del Congreso, son la ley suprema de toda la Unión. Ninguna autoridad, federal o local, puede contravenirla. La supremacía constitucional tiene varias funciones esenciales:

  • Garantizar el Estado de Derecho: Asegurar que todas las instituciones del Estado operen dentro de los límites establecidos por la Constitución, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder.
  • Proteger los derechos humanos: La Constitución establece los derechos fundamentales de los ciudadanos; al ser suprema, ninguna ley secundaria puede violarlos.
  • Mantener el equilibrio de poderes: Evita que algún poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) exceda sus competencias.
  • Brindar estabilidad jurídica: Facilita que las normas sean predecibles y coherentes, promoviendo la confianza en el sistema legal.

¿Cómo se va a corregir?

El error ocurrió al no incluir adecuadamente las reformas recientes en el dictamen aprobado, esto afecta directamente la posibilidad de interponer amparos y controversias constitucionales, lo que genera preocupación sobre la falta de controles legales frente a reformas polémicas. Según el PRI, el artículo 105 constitucional, que regula las controversias y acciones de inconstitucionalidad, se afectó al eliminarse secciones aprobadas apenas en octubre.

El intento de Morena de reparar el error mediante una fe de erratas lo rechazó la oposición, que exige que el procedimiento se realice conforme al proceso legislativo. Esto implicaría devolver la reforma al Senado y reiniciar el debate en ambas cámaras, pero el oficialismo podría enfrentar obstáculos para mantener los votos necesarios para su aprobación.

La eliminación de la supremacía constitucional no solo evidencia un problema de prisa y desaseo legislativo, sino que también plantea riesgos significativos para el equilibrio de poderes y la protección de derechos en México.

¿Cuáles son las implicaciones?

La eliminación de este principio por error durante la reforma constitucional aprobada por Morena podría generar:

  • Vacíos legales: Sin un principio rector, no habría una norma máxima que determine la validez de las leyes secundarias.
  • Inseguridad jurídica: Se dificultaría resolver conflictos legales, ya que no existiría un criterio supremo de interpretación.
  • Riesgos para los derechos humanos: Los ciudadanos perderían una herramienta fundamental para defenderse frente a actos arbitrarios del gobierno.

La oposición insiste en que el error debe subsanarse mediante un procedimiento legislativo adecuado y no mediante una fe de erratas, ya que esto último podría debilitar aún más la credibilidad del Congreso y abrir la puerta a más inconsistencias legales.

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