Los ataques armados y el desplazamiento de comunidades indígenas en Guerrero reactivaron las alertas sobre el poder de Los Ardillos, un grupo criminal señalado por sembrar terror en la región desde hace más de una década.
La violencia volvió a golpear a la región de La Montaña, en Guerrero. Autoridades federales y organizaciones indígenas responsabilizaron a Los Ardillos por el desplazamiento forzado de familias en el municipio de Chilapa. La crisis comenzó tras una nueva ola de ataques armados contra varias comunidades.
Las denuncias iniciaron el 6 de mayo. Autoridades indígenas reportaron agresiones en Tula, Xicotlán y Acahuetán. El Congreso Nacional Indígena (CNI) afirmó que hombres armados utilizaron rifles de alto calibre y drones durante los ataques. La violencia obligó a cientos de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras comunidades.
La Secretaría de Gobernación tomó control operativo de la zona y envió apoyo a las comunidades afectadas. El gobierno desplegó elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales para reforzar la seguridad.
El origen de Los Ardillos
Los Ardillos operan principalmente en la región de La Montaña. Las autoridades los identifican como una de las organizaciones criminales más violentas de Guerrero. El grupo mantiene vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, fundó la organización en el año 2000. Antes trabajó como policía rural. Con el paso de los años, el grupo amplió sus operaciones. Actualmente se le relaciona con extorsión, secuestro, venta de drogas y control territorial. Además, organizaciones indígenas acusan a Los Ardillos de provocar desplazamientos forzados y ataques constantes contra comunidades indígenas.
La disputa por el territorio
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) aseguró que las agresiones buscan generar miedo entre la población. Según la organización, el crimen organizado intenta debilitar los sistemas de seguridad y justicia comunitaria que operan en la región.
El Congreso Nacional Indígena también advirtió sobre posibles intereses económicos detrás de la violencia. La organización señaló que los ataques podrían relacionarse con proyectos extractivos y mineros en territorios indígenas. La CIPOG-EZ reportó que la violencia dejó al menos 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas desde 2014.
Las advertencias ignoradas
La violencia en Chilapa no comenzó este año. En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades estatales y federales proteger a las comunidades de Tula y Xicotlán.
La comisión solicitó vigilancia permanente, protección para los habitantes y mesas de diálogo para evitar nuevas agresiones. Sin embargo, el CNI afirmó que las autoridades ignoraron las recomendaciones. También denunció que las comunidades siguen viviendo bajo amenazas constantes.
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