Proponen al servicio de energía eléctrica como Derecho Humano

La iniciativa contempla subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos y mínimos vitales gratuitos

Durante la última sesión del Senado, la legisladora Cora Cecilia Pinedo Alonso presentó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer como derecho humano el servicio de suministro eléctrico.

Con su propuesta, la legisladora busca obligar al Estado a mejorar el acceso a este recurso; pues, a su consideración, este debe contar con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos y establecer mínimos vitales gratuitos

Servicios mínimos para una «vida digna»

La iniciativa de Pineda Alonso contempla que los servicios públicos, como el agua potable, energía eléctrica, alumbrado y alcantarillado deben ser proporcionados de manera regular y continua sin interrupciones, a pesar de la falta de pago. 

“Estos servicios se tratan de las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes de nuestro país. Resulta imprescindible que el Estado garantice el acceso universal a estos recursos; aún cuando su prestación se encuentre delegada en manos de empresas privadas”, apuntó la legisladora por Nayarit

Panorama nacional

Por otra parte, la Senadora expuso que, en México, 35 mil hogares no gozan de energía; según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). «Hogares que viven en las condiciones más extremas de pobreza energética”, mencionó. 

No obstante, enfatizó que durante la pandemia del Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio a casi 700 mil hogares por impago.  

Así mismo, Pinedo explicó que en nuestro país existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales.

Por todo esto, propone establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.  

“Prevenir la afectación de los grupos más vulnerables y garantizar el derecho de acceso a los servicios públicos básicos es precisamente el motivo del presente proyecto”, concluyó. 

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