La UNAM enfrenta una crisis por violencia, amenazas digitales y un homicidio premeditado, lo que llevó a paros en 24 planteles.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha enfrentado históricamente periodos de alta tensión social y política. Sin embargo, la crisis detonada en septiembre de 2025 en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ha introducido elementos de riesgo que señalan una transición paradigmática en la naturaleza de las amenazas internas. La crisis se ha manifestado a través de paros y exigencias estudiantiles, un homicidio premeditado, una ola de amenazas digitales y actos de violencia perpetrados por grupos radicales que han paralizado la operación de la máxima casa de estudios.
Ante la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la UNAM atraviesa una etapa de crisis e inconformidad. A pesar de que reiteró el respeto a la autonomía universitaria, la mandataria aseguró que el gobierno federal está dispuesto a brindar apoyo institucional si la universidad lo solicita formalmente.
El homicidio que detonó la crisis en la UNAM
El origen inmediato de la escalada de la crisis se sitúa el 22 de septiembre de 2025, cuando el CCH Sur se convirtió en el epicentro de un acto de violencia letal. Un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton N, agredió con un arma blanca a Jesús Israel N, de 16 años, causándole la muerte en el estacionamiento de la institución. Durante el ataque, un trabajador del plantel también resultó herido. El agresor intentó posteriormente quitarse la vida al lanzarse desde un edificio, sufriendo fracturas en ambas piernas.
Este trágico evento actuó como un potente catalizador. La respuesta inmediata de la comunidad estudiantil fue la movilización, incluyendo marchas hacia Rectoría para exigir justicia, mayor seguridad efectiva y atención psicológica urgente dentro de los planteles. El temor generalizado y la movilización derivaron en la rápida suspensión de actividades. Para el 29 de septiembre, al menos 24 planteles entre facultades y escuelas de bachillerato habían optado por el paro o habían migrado a clases en línea debido a la crisis de seguridad y a las subsecuentes amenazas digitales. Aunque la Secretaria General de la UNAM, Patricia David Aranda, informó que se esperaba la reanudación completa de actividades para el 13 de octubre en 39 de los 45 planteles, los cinco restantes continuaron en mesas de diálogo, principalmente por temas de seguridad.
El uso estratégico de las amenazas digitales
La crisis en la UNAM se ha visto amplificada por el uso estratégico de amenazas asimétricas, particularmente las amenazas de bomba distribuidas por canales digitales. Este fenómeno ha demostrado ser un vector de disrupción extremadamente eficaz para paralizar la operación institucional. La UNAM experimentó una saturación de estos mensajes intimidatorios dirigidos a múltiples planteles, lo que contribuyó a que 24 de ellos entraran en paro o cambiaran a modalidades en línea. Esta ola de pánico obligó a constantes evacuaciones y a la pérdida de horas académicas, afectando severamente la normalidad universitaria.
En respuesta, la UNAM ha adoptado medidas legales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha recibido al menos 19 denuncias formales relacionadas con las amenazas a las instalaciones. Además, la Universidad ha logrado identificar a presuntos responsables de estas acciones. Este enfoque legal es fundamental, ya que la judicialización de las amenazas es un paso necesario para desincentivar su uso como arma de disrupción. El impacto de estas amenazas reside en el hecho de que activan obligatoriamente los protocolos de emergencia. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) fue desalojada de inmediato tras una amenaza de un posible artefacto explosivo, aplicando el Protocolo de Actuación correspondiente.
Violencia y vandalismo: Los grupos radicales en acción
La crisis de seguridad en la UNAM es compleja debido a la coexistencia de diferentes actores con métodos y objetivos de presión dispares. En un extremo se encuentran los grupos radicales que optan por la acción directa y el vandalismo, mientras que en el otro, un actor tradicionalmente silencioso —los padres de familia— ha emergido con demandas concretas y un alto poder de presión.
Grupos de encapuchados, a menudo vinculados a la figura del “bloque negro,” han recurrido a la confrontación física y el vandalismo como su principal herramienta política. Estos actos han incluido la toma y vandalización de la Torre de Rectoría, la Dirección General del CCH y la Dirección General de Presupuesto. El nivel de daño es significativo, reportándose la retención forzosa de personal administrativo, la rotura de cristales, el corte de cables de electricidad e internet y la destrucción de equipos de cómputo.
Aunque las demandas de estos grupos son multifacéticas, suelen girar en torno a la violencia de género y la exigencia de transparencia. También han demandado la creación de defensorías LGBT y de mujeres en cada plantel. Un factor clave en su estrategia es el rechazo al canal institucional. A pesar de que la UNAM ofreció establecer mesas de diálogo para conocer y atender sus demandas, los encapuchados se negaron, indicando que su objetivo primario es la disrupción y la confrontación, no necesariamente la reforma negociada a través de los cauces universitarios.
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