El Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum avanza en comisiones del Senado, desatando críticas de oposición que lo considera insuficiente, sesgado y preocupante para la democracia mexicana
La reforma electoral avanza en comisiones y marcó el inicio de una jornada intensa en el Senado, donde el llamado Plan B impulsado por Claudia Sheinbaum comenzó a abrirse paso entre cuestionamientos, tensiones y posturas encontradas entre oficialismo y oposición.
El dictamen fue discutido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que durante más de cinco horas analizaron los alcances de una iniciativa que surge tras el fracaso del primer intento de reforma electoral.
Desde el arranque del debate, quedó claro que la reforma electoral avanza en comisiones no sería solo una consigna, sino también un punto de confrontación política que evidenció profundas diferencias sobre el rumbo democrático del país.
Un Plan B menos agresivo
El nuevo proyecto reduce su alcance frente al planteamiento original. Ya no propone eliminar a los legisladores plurinominales, pero sí busca modificar la estructura de los cabildos municipales, especialmente en lo referente a los regidores.
Además, uno de los cambios más relevantes es que no se contempla recortar el presupuesto de los partidos políticos ni del INE, una de las medidas más polémicas del primer intento que planteaba una reducción del 25 por ciento.
El oficialismo ha defendido que este ajuste convierte la propuesta en una reforma más viable, enfocada en la austeridad y redistribución de recursos, sin generar un choque directo con las instituciones electorales existentes.
Oposición lanza críticas contundentes
Senadores de oposición calificaron la iniciativa como insuficiente e incluso peligrosa. Ricardo Anaya la describió como una propuesta “chafa y mal hecha”, cuestionando la falta de soluciones a problemas estructurales de la democracia.
En medio del debate, la reforma electoral avanza en comisiones, pero ahora acompañada de advertencias sobre posibles riesgos, como la intervención del crimen organizado en procesos electorales, tema que, aseguran, no está contemplado.
Por su parte, Luis Colosio Riojas señaló inconsistencias en la propuesta, especialmente en materia de revocación de mandato, al considerar que se plantean reglas “turbias” que podrían romper el principio de equidad en la contienda.
El punto más polémico: revocación de mandato
Uno de los aspectos más debatidos es la posibilidad de que la presidenta pueda promover el voto a su favor durante la consulta de revocación de mandato, lo que ha sido interpretado como una ventaja indebida desde el poder.
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La oposición insiste en que esta medida transforma un ejercicio democrático en una herramienta política, debilitando la competencia justa y generando dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Además, la propuesta de adelantar la consulta para empatarla con las elecciones intermedias de 2027 generó críticas, al considerarse una estrategia para mantener mayorías políticas en momentos clave.
Divisiones incluso entre aliados
Aunque el oficialismo ha defendido el proyecto, no todos sus aliados están completamente convencidos. El Partido del Trabajo (PT) ha mostrado reservas, especialmente por la coincidencia de la revocación de mandato con elecciones estatales.
Esta coincidencia podría influir en resultados electorales en al menos 17 entidades, incluyendo estados considerados estratégicos tanto para el oficialismo como para la oposición, lo que añade tensión al debate legislativo.
Las diferencias internas reflejan que, aunque el bloque mayoritario impulsa la reforma, existen fisuras que podrían influir en su futuro dentro del pleno del Senado.
Defensa desde Morena y aliados
Desde el oficialismo, legisladores argumentaron que la iniciativa busca reducir privilegios en congresos locales y cabildos, así como establecer límites salariales bajo el principio de que nadie gane más que la presidenta.
También se destacó que los ahorros generados se destinarían a áreas prioritarias como salud, infraestructura y programas sociales, lo que consideran un beneficio directo para la ciudadanía.
Para Morena y sus aliados, la reforma fortalece el principio de que el pueblo tenga la posibilidad de decidir si un gobernante debe continuar o no en su cargo.
Rumbo al pleno del Senado
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al pleno del Senado, donde se anticipa un debate aún más intenso, con posturas firmes y posibles ajustes de última hora.
El futuro del Plan B electoral dependerá de las negociaciones políticas y de la capacidad de las distintas fuerzas para construir consensos en un tema clave para el sistema democrático.
Lo que comenzó como un intento fallido ahora toma nueva forma, pero mantiene encendida la discusión nacional sobre el equilibrio entre poder, democracia y representación política en México.
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