A años de los hechos de 2015, la detención de elementos policiales y la disculpa pública del Estado mexicano marcan un precedente en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos bajo el esquema del «Mando Único».
Lo que en 2014 se presentó como una estrategia de pacificación bajo el nombre de «Operativo Blindaje Coatzacoalcos», se convirtió para cientos de familias en un proceso de impunidad y violencia institucional. Tras años de lucha civil y litigio, los expedientes judiciales comenzaron a desvelar la red de desapariciones forzadas que operó en el sur de Veracruz, marcando un antes y un después en la justicia de transición en México.
El origen: Una estrategia de seguridad fracturada
En el marco de la administración estatal 2010-2016, Veracruz implementó el modelo de Mando Único, retirando las facultades de seguridad a los municipios para concentrarlas en la Policía Estatal y fuerzas federales. Bajo este esquema, el «Operativo Blindaje Coatzacoalcos» integró a más de 800 elementos de diversas corporaciones, incluyendo la Fuerza Civil, la Marina (SEMAR) y la Policía Federal.
Sin embargo, reportes de investigación señalan que esta acumulación de fuerza careció de controles democráticos. La estructura de seguridad fue utilizada, en múltiples casos, para la detención arbitraria de civiles, utilizando retenes móviles ilegales donde las víctimas eran interceptadas y sustraídas de la visibilidad pública.
Justicia en los tribunales: La Causa Penal 1/2021
El 16 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecutó un operativo táctico en el Centro de Estudios en Seguridad (CEIS) de «El Lencero». En una maniobra de simulación, las autoridades convocaron a 11 elementos en activo de la policía estatal para, posteriormente, ejecutar sus órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Estos agentes, que permanecieron en funciones siete años después de los hechos, fueron señalados por su participación directa en la sustracción de jóvenes de Coatzacoalcos durante mayo de 2015. El proceso judicial, radicado en el juzgado de Coatzacoalcos, es hoy uno de los pilares para esclarecer cómo operaba la cadena de mando entre mandos medios y superiores.
El modus operandi: La invisibilización de las víctimas
El patrón de desaparición documentado por organismos de derechos humanos se dividía en tres etapas críticas:
- Interceptación: Retenes discrecionales con perfilamiento arbitrario.
- Ocultamiento administrativo: La omisión deliberada de registros de detención para evadir el control ministerial.
- Destino final: Traslado a cuarteles o centros clandestinos donde intervenían grupos de inteligencia policial para el interrogatorio bajo tortura.
Casos emblemáticos, como los de Eliaquim Alvarado Villafuerte, José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco y Héctor Manuel Facundo Ramos, ejemplifican la violencia contra ciudadanos sin antecedentes penales, desmintiendo las narrativas oficiales de la época que buscaban criminalizar a las víctimas.
Hacia una memoria y justicia real
El 11 de mayo de 2023, en un acto sin precedentes, el Gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública reconociendo su responsabilidad institucional. Este paso, avalado por la ONU-DH, fue posible gracias a la presión incansable de colectivos como «Madres en Búsqueda Coatzacoalcos».
Pese a los arrestos y el reconocimiento de responsabilidad, el desafío persiste. Los colectivos advierten que la verdadera justicia no se cumplirá hasta que se rompa el «pacto de silencio» interno en las corporaciones policiacas, lo que permitiría conocer el destino final de las decenas de jóvenes que aún permanecen en calidad de desaparecidos.
La aprehensión de los 11 elementos y las sentencias federales contra efectivos de la Marina son avances, pero el caso Coatzacoalcos permanece como una herida abierta que exige, además de procesos judiciales, la reforma profunda de los controles de confianza y la gobernanza de las fuerzas de seguridad en el país.
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