El máximo tribunal adquirió nueve vehículos nuevos con un costo de hasta 1.7 millones por unidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la renovación de su parque vehicular con la entrega de camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo a cada uno de sus ministros. La decisión se tomó recientemente como parte de un proceso administrativo enfocado en la seguridad institucional y la operatividad del máximo tribunal del país.
Cada unidad tiene un precio estimado en el mercado de entre 1.06 y 1.7 millones de pesos, sin considerar posibles adecuaciones adicionales. En total, se adquirieron nueve vehículos, uno por ministro, como parte de esta primera etapa de sustitución.
El argumento de seguridad institucional
De acuerdo con la información oficial, los vehículos anteriores —modelos 2019 y 2020— ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios para el traslado de los ministros. Evaluaciones técnicas realizadas con apoyo de instancias federales concluyeron que mantener esas unidades implicaba riesgos operativos.
La renovación se planteó como una medida preventiva, no como una decisión discrecional, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Norma interna y control del gasto
El proceso se sustenta en el Acuerdo General de Administración 2019, que permite reemplazar vehículos asignados a tareas de seguridad una vez cumplidos cuatro años de servicio, o antes si presentan fallas que comprometan su uso seguro.
Para evitar un mayor impacto presupuestal, la Corte informó que la compra de estas camionetas se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular más amplio, con lo que se buscó equilibrar el gasto y mantener un uso racional de los recursos públicos.
Detalles de las nuevas unidades
Las camionetas entregadas son Jeep Grand Cherokee de reciente fabricación. Según la información disponible, los ministros pudieron elegir el color, entre gris y blanco. Aunque el tribunal insiste en que la medida responde a criterios técnicos, el costo y las características de los vehículos han generado cuestionamientos públicos sobre la coherencia entre estas decisiones y el discurso de austeridad en el Poder Judicial.
¿Crees que la seguridad justifica este tipo de gasto público? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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