Alejandro Moreno propone una designación internacional contra Morena, comparando su estructura con el brazo político de ETA.
Lo que antes eran acusaciones en tribuna, hoy es una estrategia de judicialización internacional. El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una propuesta formal ante el gobierno de los Estados Unidos para que el partido oficialista, Morena, sea declarado como una Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esta solicitud escala el conflicto interno a una crisis de seguridad hemisférica sin precedentes.
El «Modelo Batasuna»: El argumento legal del PRI
La propuesta de Moreno se basa en el precedente histórico de Batasuna, el partido español que fue ilegalizado tras demostrarse que servía como el brazo político de la organización terrorista ETA. El PRI sostiene que Morena cumple con criterios similares de «unidad de acción» con el crimen organizado.
Según la oposición, Morena no opera como un partido tradicional, sino como una estructura que garantiza impunidad territorial a cambio de apoyo coercitivo en las urnas. Bajo la legislación estadounidense, una designación FTO requiere demostrar que la organización realiza actividades que amenazan la seguridad nacional de EE. UU., un argumento que hoy se vincula directamente con la crisis del fentanilo.
Sinaloa: El epicentro de la infiltración institucional
El estado de Sinaloa se convirtió en la prueba principal para los acusadores. El Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene investigaciones abiertas contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Funcionarios bajo la lupa internacional (2026):
| Funcionario | Estatus Actual | Acusación de EE. UU. |
| Rubén Rocha Moya | Gobernador con licencia | Conspiración y sobornos documentados. |
| Enrique Inzunza | Senador de la República | Nexos operativos con el crimen organizado. |
| Juan de Dios Gámez | Alcalde de Culiacán | Colusión con estructuras delictivas locales. |
| Hilda Araceli Brown | Diputada Federal | Vínculos con «La Mayiza» en Baja California. |
El caso de la diputada Hilda Araceli Brown es histórico: es la primera legisladora en funciones designada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), lo que ha provocado el congelamiento de sus cuentas bancarias y la pérdida de su visa.
La «Presión Máxima» de la administración Trump
La respuesta de Washington ha sido un endurecimiento drástico de la diplomacia. Figuras como Marco Rubio (Estado) y Pam Bondi (Justicia) lideran una fase de presión donde la soberanía de México se ve condicionada a resultados contra el narcoterrorismo.
La revocación masiva de visas a la élite política de Morena es ya una realidad; se estima que al menos 50 funcionarios de alto nivel han perdido su acceso a Estados Unidos. Además, la Casa Blanca analiza el uso de drones y fuerzas especiales para atacar laboratorios en suelo mexicano, una medida que la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado como una «línea roja» inaceptable.
Riesgo económico y el futuro del T-MEC
Esta crisis política tiene un costo financiero directo. En el marco de la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos utiliza las acusaciones de «huachicoleo fiscal» y la falta de transparencia como palancas para imponer aranceles. La incertidumbre ha provocado la retirada de capitales en regiones clave; tan solo en Sinaloa, el conflicto ha causado el cierre de más de 2,000 empresas y la pérdida de 36,000 empleos.
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