Especialistas en derecho constitucional y protección de datos advierten que el monitoreo sistemático de cuentas y la exhibición de perfiles desde el gobierno federal carece de facultades legales y vulnera la libertad de expresión.
La presentación realizada en días recientes por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal —a cargo de Luisa María Alcalde— sobre un supuesto ecosistema de desinformación y amplificación digital ha trascendido el terreno político para instalarse en una severa crisis constitucional.
Mientras el gobierno defendió su informe bajo el argumento de exhibir campañas de «dichos falsos» en plataformas digitales, una evaluación jurídica integral de los hechos revela que el seguimiento y rastreo sistemático realizado durante siete meses sobre las cuentas de redes sociales por parte de la Consejería Jurídica es ilegal.
Sin atribuciones legales para la vigilancia discursiva
El flanco más endeble del informe radica en el origen institucional de la investigación. De acuerdo con el análisis normativo, ningún precepto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni norma reglamentaria otorga a dicha dependencia atribuciones para realizar labores de vigilancia discursiva, perfilamiento de interacciones o seguimiento de tendencias digitales.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la validez del monitoreo en la red pública de internet, este poder está reservado de forma exclusiva a instituciones de seguridad —como la Guardia Nacional— y está supeditado de forma estricta a la prevención de delitos concretos. Por lo tanto, juristas y especialistas en derecho administrativo recalcan que esta situación no se actualiza en el análisis administrativo del discurso político o mediático realizado por la Consejería Jurídica.
Exhibición de cuentas: Violación constitucional y efecto inhibidor
La controversia escaló al plano de los derechos fundamentales cuando la presentación expuso nombres de usuario (handles), perfiles y patrones de actividad específicos.
Especialistas en protección de datos advierten que la divulgación pública de los identificadores digitales vinculados a personas físicas es ilegal e inconstitucional. Los datos expuestos constituyen información protegida por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que su difusión sin consentimiento quebranta los principios constitucionales de finalidad, proporcionalidad y legalidad.
Asimismo, analistas constitucionales apuntan que amparar esta exposición en el «Derecho de Réplica» carece de sustento en su ley reglamentaria, la cual exige procedimientos específicos y no autoriza el uso del aparato estatal para la exhibición de particulares. En consecuencia, juristas y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que esta práctica gubernamental produce una estigmatización oficial que desencadena un chilling effect (efecto inhibidor) sobre la libertad de expresión, coartando el debate plural exigido en una sociedad democrática.
Radiografía del informe: ¿Qué datos se presentaron?
A pesar de los cuestionamientos sobre su legalidad, la Consejería Jurídica basó su presentación en un estudio de 7 meses de análisis (del 1.º de enero al 8 de agosto) sobre un universo de 98 cuentas «semilla», dividiendo el ecosistema digital en cuatro capas:
- Capa 1 (Medios y analistas): 54 cuentas principales (como Latinus, Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga y MCCI) que generaron 282,866 publicaciones para originar el contenido base.
- Capa 2 (Figuras públicas): 32 cuentas (como Xóchitl Gálvez, Felipe Calderón, Alejandro Moreno y Ricardo Salinas Pliego) con 67,215 publicaciones enfocadas en dar dimensión política.
- Capa 3 (Cuentas de ataque y trolls): 34 perfiles de alto alcance (ej. Melisa Belli, La Abuela García) con 213,580 publicaciones (una cada 33 segundos) para viralizar ataques.
- Capa 4 (Anillo de bots): Alrededor de 560,000 cuentas automatizadas que emitieron 22 millones de publicaciones para inflar tendencias, con nodos geolocalizados en México, EE. UU., España, Argentina y otros países.
El informe también destacó picos de conversación vinculados a coyunturas de seguridad internacional y nacional, tales como la detención de Nicolás Maduro y operativos derivados de la muerte de «El Mencho». Sin embargo, el debate central se mantiene en la delgada línea entre la rendición de cuentas institucional y la utilización de recursos públicos para el marcaje y exposición de ciudadanos y opositores.
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