La bancada tricolor en la Cámara de Diputados solicitó a la JUCOPO un análisis bicameral y foros plurales con fiscalías, colectivos y congresos estatales para garantizar la viabilidad presupuestaria y operativa de la norma.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su coordinador Rubén Moreira Valdez, presentó una solicitud formal ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) —presidida por el diputado Ricardo Monreal Ávila— para exigir la apertura inmediata de un Parlamento Abierto y trabajos en conferencia en torno a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La petición busca reestructurar la ruta procesal ordinaria para evitar que el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quede centralizado únicamente en el Senado de la República. Integrando de manera simultánea a la Cámara de Diputados y a los poderes locales antes de someter el texto a votación en el Pleno.
Cronología y ruta legislativa del proyecto
El proceso de homologación normativa comenzó a cristalizarse tras una serie de reformas constitucionales y envíos institucionales clave:
- 21 de abril de 2026: La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 constitucional (fracción XXI, inciso a). Otorgando facultad expresa al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia.
- 6 de mayo de 2026: Se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Estableciendo un plazo transitorio de 180 días naturales para concretar la ley secundaria.
- 22 de julio de 2026: La titular del Ejecutivo Federal remitió formalmente la iniciativa de Ley General a la Comisión Permanente. Siendo turnada de origen al Senado de la República (Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera).
- Agosto de 2026: El Senado inició mesas de diálogo con colectivas y familiares de víctimas en la Antigua Sede de Xicoténcatl.
Ante el riesgo de una dictaminación aislada, el bloque priista demandó activar trabajos en conferencia para que las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras analicen el proyecto en conjunto.
¿Qué propone el Parlamento Abierto exigido por la oposición?
La propuesta de la bancada tricolor busca convocar de forma activa a colectivas de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas. Así como especialistas en derecho penal, académicos, titulares de fiscalías estatales, comisiones de atención a víctimas y representantes de los 32 congresos locales.
El objetivo central es diagnosticar las implicaciones jurídicas, presupuestarias y operativas de la ley. Dado que la Cámara de Diputados posee la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión conjunta pretende anticipar el costo financiero de los mandatos previstos. Asegurando que las fiscalías locales y los servicios periciales cuenten con la infraestructura y el personal capacitado necesarios para su cumplimiento.
Retos técnicos y sustantivos de la Ley General
La propuesta del Ejecutivo busca erradicar la disparidad de los 32 códigos penales locales mediante un tipo penal unificado y un catálogo estricto de agravantes. Entre los puntos más destacados del análisis técnico se encuentran:
- Presunción investigativa obligatoria: Impone a los ministerios públicos la obligación legal de iniciar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Sancionando penal y administrativamente a los servidores públicos que entorpezcan las pesquisas.
- Punitividad y agravantes: Se plantea un marco punitivo base de 50 a 70 años de prisión. Tipificando la tentativa e integrando de 19 a 21 agravantes específicas.
- Protección integral a víctimas indirectas: Se contempla la creación del Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Alineado a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso García Andrade vs. México), además de la pérdida automática de la patria potestad y derechos sucesorios para el agresor.
- Debate en comisiones: Durante las mesas en el Senado —encabezadas en el área de justicia por el senador Javier Corral Jurado—, se han evaluado complejidades técnicas como la inclusión explícita de mujeres trans frente a crímenes de odio y los protocolos metodológicos para desclasificar una investigación cuando las pruebas periciales descarten razones de género.
La convergencia de solicitudes de Parlamento Abierto por parte de la oposición perfila un debate extendido durante el periodo ordinario de sesiones. Cuyo desenlace definirá si la nueva legislación se consolida como un instrumento punitivo e institucional eficaz o si enfrentará vacíos de implementación material en los estados.
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