Agencias de inteligencia e instancias de procuración de justicia en Estados Unidos y México mantienen abiertas indagatorias por presuntos nexos con el crimen organizado, tráfico de hidrocarburos y redes financieras.
La situación política y jurídica en torno a la administración de Baja California atraviesa un momento crítico tras revelarse que la gobernadora del estado figura en líneas de investigación de agencias federales de los Estados Unidos. Las indagatorias, que comenzaron a tomar notoriedad pública tras la revocación de visados, se han visto flanqueadas por la filtración de audios y expedientes abiertos tanto en el Departamento de Justicia estadounidense como en la Fiscalía General de la República (FGR).
El origen del caso: Visados revocados y audios filtrados
El expediente comenzó a gestarse en mayo de 2025, cuando el Departamento de Estado de EE. UU. retiró los permisos de ingreso a la mandataria estatal y a su círculo cercano, derivado de informes sobre el supuesto uso de infraestructura institucional en zonas como Tijuana, Mexicali y Ensenada.
La tensión escaló drásticamente en los últimos meses con la difusión consecutiva de cuatro audios interceptados:
- 21 de junio de 2026: Se revela la contratación del abogado Michael B. Nadler, experto en delitos de cuello blanco y lavado de dinero, para estructurar una estrategia legal fuera de México.
- 13 de julio de 2026: Una nueva grabación expone reuniones con agencias estadounidenses y el temor de la mandataria ante una posible orden de aprehensión o extradición.
- 27 de julio de 2026: Trascendió la incorporación de asesoría informal a través de un exagente de la CIA para establecer puentes de comunicación.
- 11 de agosto de 2026: El punto de mayor presión procesal se da cuando agentes estadounidenses le plantean una «última oportunidad» de colaboración mediante la firma de una proffer letter (acuerdo de inmunidad limitada a cambio de información sustantiva).
Frente a estas revelaciones, la defensa de la gobernadora ha descalificado el material por considerarlo manipulado y producto de una «emboscada psicológica», presentando denuncias penales en el ámbito local. En tanto, a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia institucional, exigiendo explicaciones claras y transparentes sobre el origen de los señalamientos.
Investigaciones contra Carlos Torres Torres y redes de huachicol
Las indagatorias internacionales y domésticas también apuntan directamente a Carlos Torres Torres, exesposo de la mandataria y operador de proyectos estratégicos en la entidad:
- Presuntos sobornos: Informes del Departamento de Justicia de EE. UU. sugieren que Torres Torres habría recibido pagos periódicos de estructuras delictivas a cambio de permitir reacomodos territoriales de cárteles en la franja fronteriza.
- Nexos con «Los Rusos» y tráfico de armas: La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió carpetas de investigación por denuncias que lo vinculan con el trasiego de armamento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Red de huachicol transfronterizo: El caso cobró fuerza tras el aseguramiento en marzo de 2026 de más de 8 millones de litros de diésel ilegal en Ensenada, un contrabando proveniente de Texas en el que también se indaga la participación de Luis Alfonso Torres Torres, exadministrador de aduanas.
| Fecha / Periodo | Instancia Investigadora | Hecho o Hallazgo Clave |
| Mayo 2025 | Departamento de Estado (EE. UU.) | Revocación oficial de visados y clasificación de riesgo a la seguridad nacional. |
| Verano 2025 | FGR / FEMDO | Apertura de carpetas de investigación en México por delincuencia organizada. |
| Marzo 2026 | Autoridades Federales y Aduanales | Decomiso histórico de 8 millones de litros de diésel de contrabando en Ensenada. |
| Junio – Ago 2026 | Filtraciones y Medios | Revelación de audios sobre negociaciones con agencias y propuesta de proffer letter. |
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