ICE frena expansión de centros para migrantes en EU

ICE frena expansión de centros para migrantes en EU
IMAGEN: AP

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea vender o transferir siete de los 11 almacenes adquiridos para convertirlos en centros de detención para migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) planea deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por alrededor de mil millones de dólares para convertirlos en centros de detención para migrantes. De acuerdo con información publicada por The New York Times.

La decisión representa un cambio significativo respecto a la estrategia impulsada durante la administración del presidente Donald Trump. Que contemplaba ampliar la capacidad de detención mediante la adaptación de instalaciones industriales para uso migratorio.

Inversión millonaria en pausa

Según el reporte, el DHS venderá o transferirá a otras agencias federales siete de los almacenes. Cuya adquisición implicó una inversión cercana a los 700 millones de dólares.

El proyecto fue promovido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Como parte de una estrategia para fortalecer las políticas de control migratorio y apoyar los planes de deportaciones masivas. Sin embargo, el actual titular de la dependencia, Markwayne Mullin, ha mostrado reservas sobre el esquema. Ha señalado públicamente que busca una aplicación más discreta de las medidas migratorias.

Costos y obstáculos frenaron el proyecto

De acuerdo con The New York Times, la creación de una nueva red nacional de centros de detención enfrentó múltiples dificultades. Entre ellas los elevados costos operativos y las complicaciones administrativas para ejecutar deportaciones a gran escala.

Uno de los almacenes que ya no será convertido en centro de detención se encuentra en Roxbury, Nueva Jersey. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill celebró la decisión. Sostuvo que el inmueble fue diseñado para funciones logísticas y no para albergar a miles de personas. La funcionaria recordó que su administración presentó acciones legales para impedir la apertura del centro al considerar que no beneficiaba a la seguridad pública del estado.

Comunidades y líderes republicanos se opusieron

La compra de los almacenes también generó rechazo en diversas comunidades preocupadas por el impacto que estos centros podrían tener en los servicios públicos, la economía local y la vida cotidiana de los habitantes. Incluso algunos líderes republicanos enviaron cartas al DHS para expresar su oposición a que los centros fueran instalados en las zonas que representan.

A ello se sumaron los desafíos legales y ambientales. El diario señala que varios proyectos enfrentaron demandas basadas en la legislación federal que obliga a evaluar el impacto ambiental de las obras antes de su desarrollo. Además, informes del inspector general estadounidense advirtieron que algunos de estos complejos tuvieron costos superiores a los 145 millones de dólares, sin considerar los gastos necesarios para adecuarlos como centros de detención.

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