En una acción inédita, diputados impugnan el PEF 2022, aprobado en noviembre

Coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados del PRI, Rubén Moreira, PRD, Luis Espinoza Cházaro y del PAN, Jorge Romero.

Lo consideran regresivo y que atenta contra los derechos humanos de los mexicanos

En una acción inédita, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aprobado en noviembre por la Cámara de Diputados.

Lo anterior bajo el argumento de que el PEF violenta los derechos humanos de los mexicanos al no cubrir las necesidades de educación, salud, fortalecimiento del federalismo y protección a la mujer.

Los coordinadores parlamentarios de la coalición “Va por Méxicoacudieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para denunciar que el presupuesto, aprobado por Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues, recortó y no aumentó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad el bienestar social.

Pusieron como ejemplo el caso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que sigue sin garantizar la cobertura para la población y el presupuesto asignado no es suficiente para brindar atención a los beneficiarios, como sí lo hacía el Seguro Popular.

Otro programa que sufrió un recorte fue “Atención a la salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, al que se le redujeron 10 mil millones de pesos.

En materia educativa, señalaron los líderes de la oposición, se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate al rezago educativo. A esto se suma la desaparición de los programas de “Escuelas de Tiempo Completo” y el de “Atención a la Diversidad de la Educación Indígena”, entre otros.

Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo.

De este modo, según señalaron las bancadas de oposición, lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.

Los legisladores también argumentaron que existe una violación a la progresividad de los derechos ya que una vez que se ha alcanzado un nivel de satisfacción de las garantías económicas, sociales y culturales, el estado está obligado a garantizar como mínimo esos benefactores y no reducirlos en ninguna circunstancia.

En este sentido, el PEF para 2022 aprobado aparentemente está siendo violatorio y por ello, los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

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