Senadores anticipan cambios al proyecto electoral de Claudia Sheinbaum para limitar promoción personal en revocación, incluir paridad de género y definir mejor la integración de ayuntamientos
El Senado de la República anticipa cambios al “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de corregir omisiones detectadas en la iniciativa y garantizar mayor claridad en temas clave como la revocación de mandato.
Ajustes a la participación presidencial
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, reconoció que el proyecto presenta errores que deben corregirse para evitar interpretaciones ambiguas, especialmente en lo relacionado con la participación de la mandataria durante procesos democráticos.
Entre los principales cambios al “plan B”, se plantea establecer con claridad que la presidenta no podrá hacer campaña a su favor en la revocación de mandato, limitándose únicamente a difundir la importancia del ejercicio ciudadano.
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Paridad de género y correcciones necesarias
Otro ajuste relevante será incluir explícitamente la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, una omisión que, según el senador, se originó por un error técnico durante la elaboración del documento.
Cantón Zetina subrayó que esta corrección es indispensable, ya que el gobierno ha impulsado firmemente la igualdad sustantiva de las mujeres, por lo que dejar fuera este principio resultaba contradictorio con la política actual.
El legislador incluso calificó la omisión como un descuido burocrático sin intención política, reiterando que se corregirá para mantener coherencia con los avances en materia de derechos y representación equitativa.
Regidores y gobiernos comunitarios en discusión
También se ajustará la propuesta sobre el número de regidores por municipio, ya que el rango planteado podría generar un aumento en algunos ayuntamientos, contrario a la intención de aplicar políticas de austeridad.
La iniciativa buscaba establecer un mínimo de siete y un máximo de quince regidores, pero esto podría obligar a municipios pequeños a incrementar su estructura, lo que genera preocupación entre legisladores sobre el impacto administrativo.
Finalmente, se contempla reconocer a las autoridades comunitarias en distintas regiones, respetando usos y costumbres de pueblos originarios, con el fin de fortalecer una democracia incluyente que refleje la diversidad política del país.
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