Aunque Ciro descarta esta versión, los implicados fueron condenados a 14 y 12 años de prisión por tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada
Durante la audiencia celebrada el 10 de junio en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, uno de los sicarios condenados por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva declaró que el ataque fue “un encargo del señor Mencho”, en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, el periodista desestimó esa afirmación y se mantuvo firme en que no existe prueba directa que relacione al capo con el atentado.
Los hechos del atentado en diciembre de 2022
El ataque ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando Gómez Leyva regresaba a casa, conduciendo su camioneta blindada por la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Mientras transitaba a unos 200 metros de su residencia, lo interceptaron dos sujetos en motocicleta. Uno de ellos se acercó por el lado del conductor y disparó al menos nueve veces contra el vehículo. Afortunadamente, el blindaje impidió que las balas penetraran y el periodista resultó ileso. Inmediatamente, compartió imágenes del ataque y agradeció el blindaje que le salvó la vida.
Los atacantes se identificaron como Héctor Eduardo Martínez Jiménez, apodado “El Bart” y Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias “El Pool”. Ambos participaron activamente en el ataque: “El Bart” fue quien disparó, mientras que “El Pool” bloqueó el paso de la camioneta para facilitar los disparos. Ambos enfrentaron cargos por tentativa de homicidio y asociación delictuosa agravada y optaron por un procedimiento abreviado, declarándose culpables.
Condenas y sanciones impuestas
El 10 de junio, el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas dictó sentencia: 14 años de prisión para “El Bart” y 12 años para “El Pool”. Ambos enfrentan además multas económicas y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que cumplan la condena. A diferencia de los hombres, cuatro mujeres que formaron parte del operativo recibieron penas de libertad condicional tras aceptar participar en un proceso abreviado previo.
Confesión en audiencia: “un encargo del señor Mencho”
Durante la audiencia, el fiscal responsable del caso relató la declaración de “El Pool”, en la que mencionó que todo fue ordenado en una reunión en la colonia Lindavista, donde un sujeto identificado como Armando Escárcega Valdez, apodado “El Patrón”, les entregó una fotografía de Gómez Leyva y les dijo que era “un encargo del señor Mencho”. Según el testimonio, los atacantes fueron enviados después a un campamento de entrenamiento del CJNG en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde recibieron instrucción en armas y tácticas por un hombre conocido como “El Primo”, de nacionalidad colombiana, junto con otros reclutas de Guatemala y El Salvador.
“El Bart” por su parte reconoció haber accionado el arma desde la motocicleta y lamentó que no había logrado asesinar al periodista. En una entrevista anterior desde prisión, confesó haber matado a más de 20 personas y que su error fue que no logró su cometido en contra de Gómez Leyva.
Entrenamiento y preparación en Jalisco
Según las declaraciones recabadas, los agresores viajaron el 18 de noviembre de 2022 a Ciudad Guzmán y apagaron sus celulares para evitar que los rastrearan. Allí permanecieron por unos 20 días en un campo de adiestramiento, donde se les instruyó en el uso de armas y estrategias de ataque. El entrenamiento se impartía en un entorno militarizado y clandestino, similar a otros recintos revelados por investigaciones recientes.
Ciro Gómez Leyva rechaza vínculo con el CJNG
El periodista y su equipo legal expresaron en redes sociales que, aunque reconocen la declaración de uno de los atacantes, no descartan posibles presiones o declaraciones inducidas por beneficio legal. Gómez Leyva señaló que, hasta el momento, no se ha presentado evidencia contundente que confirme que el encargo realmente provino de “El Mencho”. Agradeció el trabajo de las autoridades pero aclaró que prefiere basarse en hechos demostrables y no en versiones que podrían ser interesadas o convenientes durante un juicio.
Antecedentes y contexto del caso
La investigación se inició poco después del atentado, con arrestos en enero de 2023 cuando se detuvo a uno de los agresores en Michoacán y se vinculó a otras tres personas. En febrero de 2024, cuatro mujeres vinculadas al caso aceptaron penas de libertad condicional. El caso pasó de que lo atendiera la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2023, lo que permitió acelerar el proceso y reforzar la investigación con recursos federales.
Implicaciones legales y de seguridad
El uso de un procedimiento abreviado permitió condenas rápidas, aunque no se impuso reparación del daño. El caso resalta la creciente preocupación por la violencia dirigida hacia periodistas en México, y la posible intervención directa del crimen organizado. Aunque no se demostró un vínculo institucional con el encargo del atentado, la confesión de uno de los atacantes marca un precedente inédito en la defensa del ejercicio periodístico en un país donde la libertad de expresión está amenazada por grupos delictivos.
Impacto en la protección de periodistas
El caso Gómez Leyva se convierte en un precedente legal relevante, tanto por la resistencia del periodista como por la respuesta judicial. La FGR y autoridades capitalinas reiteraron que buscan combatir la impunidad y garantizar un entorno donde los comunicadores no sean víctimas de violencia por su labor. Este caso se citará en foros internacionales y nacionales como ejemplo de cómo enfrentar retos a la libertad de prensa.
El atentado contra Ciro Gómez Leyva, sus características militares y el posible encargo del líder del CJNG, abren una fuerte señal de alarma sobre el clima de inseguridad para la prensa en México. La decisión de Gómez Leyva de no aceptar versiones sin pruebas y el trabajo judicial para condenar a los atacantes muestran un avance en el combate contra la violencia contra periodistas. Sin embargo, quedan pendientes muchas preguntas sobre actores clave, motivaciones reales y la estructura que permitió este atentado sin que previamente se detectara.
El avance en este caso significa más que una sentencia: representa un punto de inflexión en la lucha contra los ataques a la libertad de expresión. México demanda respuestas contundentes y una protección efectiva para quienes informan, y este episodio debe servir como impulso para generar mecanismos más fuertes y preventivos.
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