La presidenta busca una reforma constitucional para regular las pensiones que exceden el promedio nacional en PEMEX y CFE
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración ha finalizado una propuesta para regular las pensiones que se consideran «exorbitantes» en instituciones gubernamentales como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La iniciativa surge como una respuesta a la política de austeridad republicana y busca subsanar las presiones financieras de estas empresas estatales.
La mandataria federal ha calificado estas pensiones «millonarias» a exfuncionarios del periodo neoliberal como «ofensivas» y ha señalado la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para abordarlas. El objetivo principal es ordenar y limitar los casos que exceden la norma, sin afectar las pensiones regulares.
Un debate legal: derechos adquiridos vs. límite constitucional
Las pensiones en entidades como PEMEX y CFE se rigen por Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) que han pactado beneficios por encima del promedio nacional y, en algunos casos, por encima del tope constitucional de remuneraciones de servidores públicos. Los jubilados de estas empresas ya están preparando una estrategia legal para defender sus pensiones, argumentando que son derechos laborales adquiridos que no pueden ser derogados por una ley posterior.
Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a través de su Artículo 127, establece que ningún servidor público debe recibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República. La propuesta de reforma busca extender este tope a las pensiones, con el argumento de que aquellas que simulan o eluden el límite constitucional deben ser sancionadas penal y administrativamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que cualquier medida que se tome para cumplir con este precepto constitucional no debe afectar los derechos laborales adquiridos de los trabajadores públicos.
Las cifras de la desigualdad y la presión financiera
La propuesta surge de una disparidad significativa en las pensiones. En el caso de PEMEX, los jubilados reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional de pensión en México. El gasto anual en pensiones de la paraestatal asciende a decenas de miles de millones de pesos, lo que genera una presión financiera considerable.
Las proyecciones para la pensión mínima en el IMSS e ISSSTE para 2026, considerando posibles aumentos, se estiman entre 9,971 y 10,347 pesos mensuales, cifras que contrastan fuertemente con las pensiones de la élite de PEMEX.
La propuesta de regulación de pensiones requerirá de una estrategia legal sólida, que desafíe la figura de los derechos adquiridos sin violentar los derechos laborales mínimos garantizados por la Constitución.
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