La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, obliga a Coahuila a revisar protocolos de seguridad ante la vulnerabilidad de figuras públicas locales
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, a manos del crimen organizado, reabrió el debate sobre la seguridad de las figuras públicas locales en México. Este trágico suceso, que eleva a por lo menos 195 el número de alcaldes asesinados por el crimen desde 2006, contrasta con la narrativa de Coahuila como un «bastión» de seguridad y obliga a cuestionar si las estrategias de protección en la entidad son suficientes para enfrentar un riesgo sistémico.
El caso de Manzo es un espejo de la letalidad de la respuesta criminal ante la resistencia institucional, un recordatorio de que la voluntad política por sí sola no garantiza la seguridad.
Uruapan: La tragedia de un alcalde confrontativo
Carlos Manzo, el alcalde asesinado, había puesto la seguridad en el centro de su agenda, incluso siendo apodado «El Bukele mexicano». Su enfoque fue de confrontación directa contra el crimen organizado:
- Enfrentamiento directo a cárteles: El alcalde atacaba directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos predominantes en la zona.
- Advertencia pública: Manzo había alzado la voz exigiendo apoyo federal y, en una de sus últimas declaraciones, había manifestado: «No quiero ser otro de los ejecutados».
A pesar de contar con la protección de 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) y vehículos blindados, el atentado no pudo evitarse. La alta vulnerabilidad de los alcaldes frente a las grandes organizaciones criminales se hizo patente, demostrando que la protección asignada no es suficiente para revertir la cooptación de gobiernos municipales.
Coahuila: La reafirmación del «Blindaje» y el eslabón débil
Ante el asesinato de Manzo, las autoridades de Coahuila se apresuraron a reafirmar su estrategia de seguridad, aunque también reconocieron la necesidad de revisar y reforzar los protocolos.
- Inversión en Seguridad: El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha defendido que en Coahuila la seguridad «no se politiza» y existe una «voluntad política» y «coordinación total» entre todos los niveles de gobierno. El gobernador destacó una inversión total de 700 millones de pesos en el modelo de seguridad estatal.
- Necesidad de Mando Único: Sonia Villarreal, Secretaria de Seguridad Pública, anunció que se buscará que todos los municipios del estado tengan Mando Único. Actualmente, municipios como Monclova, Torreón y General Cepeda no cuentan con él.
- Revisión de Protocolos: La Secretaria de Seguridad Pública confirmó la realización del Consejo Estatal de Seguridad con alcaldes electos y salientes para analizar el diagnóstico de seguridad en sus municipios, incluyendo el estado de fuerza, el Certificado Único Policial y los exámenes de control de confianza.
La Fragilidad ante la Crítica Pública
Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras, lamentó profundamente el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el sábado 1 de noviembre de 2025 durante una celebración por el Día de Muertos. Exigió justicia y llamó a rescatar Michoacán del clima de violencia.
En redes sociales y medios locales, Rodríguez exigió a las autoridades de Michoacán y al Gobierno Federal que se haga justicia, y llamó a “rescatar Michoacán” del crimen organizado.
El caso de Coahuila, si bien es de seguridad, también expone la fragilidad en la comunicación del gobierno local al confrontar la crítica. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, perdió la calma al ser cuestionado por una reportera sobre si él se sometería a una prueba antidoping, tal como se había aplicado a los bomberos municipales. El alcalde, que defiende su estilo de gobierno basado en la «mañanera» local, acusó a la periodista de quererlo «atacar» y de practicar «periodismo chayotero».
Expresó su consternación por el ataque armado que terminó con la vida de Carlos Manzo mientras participaba en un evento público.
Lo describió como un “funcionario comprometido con su comunidad y un hombre valiente frente a la violencia que azota al estado”.
Este incidente, aunque de naturaleza distinta al crimen organizado, expone la fragilidad en la comunicación del gobierno local al confrontar la crítica en un estado donde la seguridad es un pilar fundamental de la narrativa oficial.
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