El 90% de agresores sexuales evaden el castigo

ley de acoso  y violencia sexual

El acoso a la presidenta Sheinbaum subraya una crisis: la querella penal es una barrera que deja a millones de mujeres en la impunidad

Después de haber sido acosada el martes pasado mientras caminaba por calles cercanas a Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no contempla modificar ni reforzar su esquema de seguridad. El 4 de noviembre, autoridades de la SSPC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detener al individuo responsable del incidente ocurrido durante un recorrido público.

La mandataria anunció que se revisará la ley para que procedan denuncias de acoso y violación contra las mujeres. El incidente pone el foco en la necesidad de que el Estado asuma la obligación de investigar de oficio. Sin depender de que la víctima active el proceso penal.

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La querella: El obstáculo legal que protege al agresor

La principal deficiencia en la persecución de delitos sexuales es el requisito de la querella de la parte ofendida para iniciar el proceso.

 En el Hostigamiento Sexual (contemplado en el Código Penal Federal o CPF), es la víctima quien debe activamente iniciar la denuncia penal, salvo excepciones. La persecución solo se vuelve de oficio (es decir, el Estado asume la obligación de investigar) en circunstancias específicas. Como cuando el agresor es reincidente o la víctima es menor de edad.

El problema se agrava en casos de Violación y Abuso Sexual. Aunque las penas son severas (la Violación con violencia se aumenta en una mitad), la persistencia de la querella en casos de violencia sexual íntima (cónyuge o pareja) es un vestigio legal que históricamente ha minimizado la violencia doméstica.

El ciclo de impunidad y la cifra negra

La ineficacia de la querella frente al acoso, especialmente en el ámbito comunitario o público, se convierte en un obstáculo severo. La denuncia es, de por sí, un proceso arduo y revictimizante. El problema de la violencia sexual no es primariamente legislativo, sino de implementación y cultura institucional.

  • Violencia Estructural. Los datos de la ENDIREH 2016 indican que 19.2 millones de mujeres en México han sido sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación. Así como hostigamiento, acoso o abuso sexual.
  • Cifra Negra: La disparidad de género en estos delitos es marcada. Por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 1 delito sexual cometido contra hombres. No obstante, se estima que solo una fracción ínfima de estos casos es denunciada, lo que eleva la cifra negra al 90% o más.

El marco legal para la reforma urgente

La legislación debe ser reformada para que el Estado cumpla su obligación constitucional de perseguir el delito.

  • Violencia Sexual Comunitaria. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define la Violencia Sexual Comunitaria como aquella que se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida en espacios y medios de transporte públicos. Este tipo penal reciente, adicionado en enero de 2024, busca específicamente combatir el fenómeno del acoso callejero, que fue el contexto del incidente con la Presidenta.
  • Consenso Libre. El llamado de organismos internacionales ha sido categórico en que la ausencia de consentimiento debe ser el componente central en la definición de actos de violación y abuso sexual. La reforma debe obligar al sistema penal a transitar hacia un modelo basado en el consentimiento libre.
  • Reforma Pendiente. La propuesta de la Presidenta Sheinbaum de revisar la ley apunta precisamente a la necesidad de mover estos delitos. Sobre todo aquellos en el ámbito público, a la persecución de oficio para que el Estado cumpla su obligación constitucional.

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