Productores y transportistas mantienen su rechazo a la propuesta enviada por el Gobierno federal.
Las manifestaciones recientes de productores y transportistas tienen un punto en común: su rechazo a la iniciativa para crear una nueva Ley General de Aguas. La propuesta fue enviada el 1 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, con la intención de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992. El Gobierno sostiene que la reforma busca garantizar el derecho humano al agua y ordenar el uso del recurso en el país.
Objetivo central del proyecto
La administración federal afirma que por décadas el agua operó como “mercancía”, capaz de ser vendida y transferida entre privados sin control. Esto, aseguran, generó un manejo desordenado de las concesiones. El nuevo marco propone que el Estado recupere la rectoría del agua y establezca reglas más estrictas para evitar abusos.
Medidas clave de la iniciativa
Según la Conagua, la propuesta incluye:
- Un sistema de concesiones ordenado, transparente y con certidumbre.
- Eliminar la venta de agua entre particulares para frenar el “mercado negro”.
- Crear delitos hídricos con penas de 1 a 10 años de prisión.
- Evitar el acaparamiento mediante límites a la concentración de concesiones.
- Heredar títulos con el mismo volumen y uso, bajo revisión de la autoridad.
- Endurecer sanciones por extracción ilegal y desvíos de cauces.
- Fortalecer mediciones de consumo y regular captación pluvial.
La Conagua explica que el objetivo es impedir transferencias privadas de títulos y evitar que concesiones agrícolas terminen usadas en desarrollos industriales o inmobiliarios sin supervisión estatal.
¿Por qué la rechaza el sector agrícola?
La Confederación Nacional Campesina (CNC) de Aguascalientes, encabezada por Carlos Estrada Valdez, asegura que la iniciativa genera incertidumbre jurídica para miles de productores. Sus principales objeciones son:
- Desaparición de la transmisión de derechos, lo que afectaría herencias y cesiones.
- Prórrogas más burocráticas y con menor vigencia.
- Riesgo de que conductas administrativas terminen clasificadas como delitos hídricos.
La CNC adelantó que buscará modificaciones al dictamen cuando se discuta en el Congreso.
La postura de la Presidenta
El 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum afirmó que las protestas buscan mantener privilegios en el acceso al agua. Señaló que el Gobierno ha invertido en tecnificación de riego para reducir el consumo agrícola y destinar ese volumen a uso humano. Añadió que algunos productores se niegan a devolver el excedente y venden agua a municipios pese a no pagar derechos, lo que calificó como injusto.
Ajustes legislativos en San Lázaro
Ese mismo día, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que, tras los foros de análisis, se prevén cambios a las dos leyes relacionadas con el agua. Reconoció preocupación en temas de concesiones, herencia y el Registro Público del Agua. La iniciativa continúa en comisiones y aún no ha sido dictaminada.
Aclaración de Conagua ante bloqueos
En medio de las movilizaciones, el director de Conagua, Efraín Morales López, precisó que la reforma no impide heredar concesiones. Explicó que la intención es frenar el acaparamiento y controlar la venta entre particulares. Destacó además:
- Creación de un registro público de concesiones.
- Un fondo de reserva de aguas nacionales para comunidades rurales e indígenas.
- Regulación de captación pluvial para evitar impactos ambientales.
Morales afirmó que la legislación actual permitió que grandes empresas acumularan permisos, mientras comunidades y pequeños productores enfrentan dificultades para acceder al recurso.
La iniciativa de Ley General de Aguas se discute en un contexto de protestas y presión del sector agrícola. El debate gira en torno a las concesiones, la herencia del agua y la regulación del uso del recurso. ¿Crees que la reforma debe modificarse? Déjanos tu opinión.
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