El homicidio del comunicador oaxaqueño revela un panorama alarmante para la libertad de expresión. Organizaciones civiles contabilizan 19 periodistas asesinados en los primeros 22 meses de la administración federal actual
El gremio periodístico en México atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Este 22 de julio de 2026, el columnista y escritor Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 60 años, fue asesinado a tiros mientras desayunaba en un establecimiento de comida callejera en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.
El ataque, perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon directamente en el cráneo y el cuello, marca el séptimo homicidio de un comunicador en lo que va del año 2026 y eleva a 19 la cifra de periodistas asesinados desde el inicio de la administración federal en octubre de 2024.
Hostigamiento, amenazas y desprotección institucional
El asesinato de Leyva Aguilar, conocido por su espacio crítico El Zumbido del Moscardón, no ocurrió en el vacío. De acuerdo con registros de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el periodista había denunciado reiteradamente amenazas de muerte y campañas de desprestigio digital.
Dicho asedio se intensificó tras ser expuesto en la sección «Trapitos al Sol» de las conferencias estatales, además de haber publicado recientemente investigaciones sobre presuntos vínculos de actores políticos con el huachicol y un análisis crítico sobre la organización de la Guelaguetza. Pese a haber formalizado denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la FGR, el comunicador careció de medidas de protección cautelares efectivas.
Un balance letal y estructural
El caso de Oaxaca se suma a una cadena de crímenes que evidencia el colapso de los mecanismos preventivos de protección en el país. Con este atentado, el 2026 acumula ejecuciones de informantes en diversas entidades:
- Veracruz: Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdés.
- Nuevo León: Juan David Gámez.
- Veracruz: Roxana Berenice Guzmán Ramírez (cuyo secuestro involucró a policías municipales activos).
- Guerrero: Manuel Alejandro Moreno Serna.
- Puebla: Josué Martínez Contreras.
- Oaxaca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
Organizaciones de derechos humanos señalan que la crisis de seguridad contra la prensa se sustenta en tres factores críticos: la participación de servidores públicos en casi la mitad de las agresiones, una impunidad superior al 90% en los casos investigados por la FEADLE, y los recortes presupuestales que debilitan al Mecanismo Federal de Protección.
Mientras las fiscalías locales abren carpetas de investigación bajo la promesa de esclarecer los hechos, el periodismo crítico en México sigue debatiéndose entre la autocensura y el riesgo latente de perder la vida en el ejercicio de su labor.
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