El dirigente de Movimiento Ciudadano acusa presuntas irregularidades en contratos para suministrar medicamentos; señala que más de 17 millones de órdenes no fueron entregadas.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el empresario Amílcar Olán, por presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la adquisición y distribución de medicamentos e insumos para la salud.
A través de sus redes sociales, el emecista informó que las empresas vinculadas con Olán recibieron contratos para abastecer cerca de 20 millones de órdenes de medicamentos. Sin embargo, aseguró que más de 17 millones no fueron entregadas, lo que representaría un incumplimiento del 85 por ciento.
Señalan retrasos y pagos sin comprobar entregas
Entre las presuntas irregularidades expuestas por Álvarez Máynez también se encuentran retrasos de hasta 220 días en el suministro, pagos que no contarían con comprobantes de recepción de los productos y sanciones económicas que, según su denuncia, no fueron cobradas.
El dirigente de Movimiento Ciudadano pidió que la ASF investigue el manejo de los recursos públicos destinados a estos contratos y determine si existieron omisiones o responsabilidades por parte de las empresas proveedoras y las autoridades encargadas de supervisar las entregas.
Empresas relacionadas con contratos millonarios
La denuncia incluye señalamientos sobre compañías vinculadas con Amílcar Olán, entre ellas Labco Soluciones Médicas, Biosistemas y Seguridad Privada, y Grupo Médico Castro Díaz. Investigaciones periodísticas reportaron que estas empresas obtuvieron contratos por más de mil millones de pesos para suministrar medicamentos e insumos al sector salud.
Uno de los reportes documentó que, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el IMSS solicitó alrededor de 19 millones de piezas a estas compañías, pero recibió aproximadamente dos millones. Estas cifras forman parte de los señalamientos que ahora buscan ser revisados por la autoridad fiscalizadora.
La presentación de la denuncia no significa que las irregularidades estén acreditadas ni que exista una resolución de responsabilidad contra el empresario. Corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación revisar la documentación, los contratos y las entregas para determinar si procede alguna acción.
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