
El gobierno mexicano exige pruebas al Departamento del Tesoro de EE. UU. tras señalamientos de financiamiento criminal en campañas políticas; el «huachicol fiscal» escala a crisis diplomática.

Lo que comenzó como un problema de evasión fiscal y contrabando de combustible ha escalado a una delicada crisis diplomática. Tras las alertas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FinCEN de Estados Unidos sobre una red de «huachicol fiscal» vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno mexicano ha solicitado formalmente evidencias que sustenten los señalamientos de cooptación institucional y financiamiento a campañas políticas.
El choque diplomático por las pruebas
La tensión surgió cuando agencias estadounidenses acusaron a redes de contrabando de inyectar recursos ilícitos en el sistema político y medios de comunicación en México. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, desestimó las acusaciones al catalogarlas como «retórica electoral» propia del ciclo político estadounidense y retó a Washington a presentar el acervo probatorio ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de «unilateral» la comunicación de Estados Unidos. La mandataria señaló que, si bien las personas mencionadas en las alertas ya están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el gobierno mexicano exige un trato recíproco y una comunicación coordinada, comparando esta situación con entregas previas de información estadounidense que, según el gobierno, carecían de sustento probatorio real.
¿Qué es el «huachicol fiscal»?
A diferencia del robo de ductos, el huachicol fiscal es un delito de cuello blanco que explota las diferencias regulatorias entre ambos países. Su operatividad es sofisticada:
- Falsas declaraciones: Los contrabandistas introducen combustibles refinados desde EE. UU. declarándolos como lubricantes o aditivos para evitar el pago del IEPS (que representa más del 50% del valor).
- Impacto económico: Se estima que entre el 25% y 33% del combustible vendido en México es de origen ilícito, generando una pérdida anual al erario superior a los 11,000 millones de dólares.
- Redes de corrupción: La estructura depende de complicidades en aduanas marítimas y fronterizas, evidenciada por casos de alto perfil como la red de los hermanos Farías Laguna, exmilitares vinculados a la descarga clandestina de buques cisterna.

La infiltración en la estructura del Estado
La preocupación de las autoridades estadounidenses no solo es fiscal, sino política. Investigaciones apuntan a que las ganancias del contrabando se utilizan para comprar protección y financiar candidatos «dóciles» a nivel regional.
Un caso analizado por organizaciones civiles documentó transferencias de recursos públicos desde constructoras estatales en Sinaloa hacia empresas señaladas por el Tesoro de EE. UU. como parte de la red de lavado del CJNG. Esta dinámica se suma a un mapa político volátil, marcado por la reciente fractura del CJNG tras la muerte de «El Mencho» y la captura de líderes sucesores como Audias Flores Silva, alias «El Jardinero».
El factor electoral de 2027
El conflicto diplomático ocurre en un momento de reconfiguración interna. Mientras la oposición propone coaliciones para enfrentar al oficialismo en los comicios intermedios de 2027, el surgimiento de nuevos partidos políticos nacionales, como Somos México —que integra a exministros de la Corte y exconsejeros electorales—, añade presión a un escenario político donde la estabilidad del T-MEC podría verse afectada por los vínculos entre actores políticos y redes de delincuencia organizada.
La exigencia de Monreal y el gobierno federal de un estándar probatorio formal coloca a ambas naciones en una encrucijada: o la inteligencia financiera de EE. UU. cede y formaliza sus hallazgos ante la FGR, o la tensión diplomática continuará erosionando la confianza en una de las fronteras comerciales más importantes del mundo.
¿Consideras que la exigencia de pruebas de México es un paso necesario para la soberanía, o es una maniobra para evadir la responsabilidad sobre la corrupción en las aduanas? ¡Comparte tu opinión en los comentarios!
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