El 19 de febrero del 2006 en Pasta de Conchos murieron 65 mineros, a 17 años aún no hay justicia ni cuerpos
Durante 17 años, el siniestro de Pasta de Conchos no ha recibido justicia. Tampoco ha impactado positivamente en la realidad de una región entera que carece de oportunidades más allá del carbón.
El día 19 de febrero de 2006, 65 familias de la región carbonífera de Coahuila fueron testigos de una tragedia; un turno de tercera terminó con la vida de los mineros debido a que las autoridades no brindaron la seguridad necesaria. Este siniestro es una prueba de la negligencia por parte de las empresas mineras. Y, casi dos décadas después, también de la falta de control por parte de las autoridades.
Investigaciones
La investigación fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, asignando a Jorge Ríos Coss como fiscal especial del caso. Los integrantes de la Organización de Familiares de Pasta de Conchos exigieron ser coadyuvante en el proceso. Su objetivo era el de presentar pruebas de que el delito era más grave que el homicidio culposo. Estas pruebas, a pesar de ser documentadas con fotografías e informes, nunca fueron tomadas en cuenta.
En este proceso, existían cinco órdenes de aprehensión para los 11 supuestos responsables. La empresa no ha tenido ningún acercamiento con las familias desde abril de 2007, salvo el hecho de suministrar la información necesaria para que las víctimas indirectas fueran reparadas.
Un nuevo peritaje determinó que las condiciones de la mina eran riesgosas. Pero, posteriormente, también aprobaron que la situación podía cambiarse para permitir el ingreso; esta contradicción dejó confundidas a las familias.
La Organización de Familiares de Pasta de Conchos solicitó a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión a Grupo México como penalización, pero sin éxito. La oficina recibió asesoría por parte de la PGJE, pero esa instancia determinó que sin cuerpo, no hay delito.
Violación a los derechos humanos
Finalmente, en 2018 la CIDH admitió la queja que 58 familias habían entregado 8 años antes, considerando que hubo violaciones a los derechos humanos. Este recurso llevó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a encabezar, con la Comisión Federal de Electricidad, los trabajos de rescate. Proyecto que seguirá vigente hasta finales del 2023 de acuerdo a los planes previstos. Aun así, las familias han notado que el avance no permite cumplir con la meta en el tiempo previsto.
Sin duda, el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos cumple ya 17 años sin justicia, pero también sin los cambios necesarios para la realidad de toda una región. Dejando en evidencia que aún hay mucho por hacer para garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todos aquellos que se ven afectados.
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