El caso permanece abierto a nivel internacional y es símbolo de las fallas estructurales en la protección a la infancia en México
El 5 de junio de 2009, México vivió una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente: el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niñas y niños, y dejó a más de 100 menores con lesiones físicas y psicológicas. Hoy, al cumplirse 16 años de aquel fatídico día, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia, mientras enfrentan un sistema judicial que, lejos de ofrecer respuestas, ha reducido condenas y dejado en libertad a la mayoría de los responsables.
¿Qué ocurrió el 5 de junio de 2009?
La Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El incendio se originó en una bodega contigua propiedad del gobierno estatal, utilizada para almacenar documentos, y se propagó rápidamente a la guardería debido a deficiencias en las medidas de seguridad, como la falta de salidas de emergencia y materiales inflamables en la construcción. El siniestro resultó en la muerte de 49 menores y más de 100 lesionados, todos entre cinco meses y cinco años de edad.
Las investigaciones y las primeras sentencias
Tras el incendio, se inició una investigación que reveló múltiples irregularidades en la operación de la guardería y en la supervisión por parte de las autoridades. En 2016, el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo dictó condenas de entre 20 y 29 años de prisión a 19 de las 22 personas procesadas, incluyendo a funcionarios del IMSS, Protección Civil y socios de la guardería. Sin embargo, estas sentencias fueron posteriormente modificadas y reducidas por instancias superiores.
Reducción de condenas y liberación de implicados
En los años siguientes, las condenas fueron disminuidas significativamente. Por ejemplo, Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la Guardería ABC, condenados a 5 años y 7 meses de prisión cada uno, pero actualmente están prófugos con órdenes de reaprehensión vigentes. Otros funcionarios, como Arturo César Leyva Lizárraga, delegado estatal del IMSS en Sonora, y Roberto Copado Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, recibieron penas similares, pero no se encuentran en prisión. Actualmente, solo una persona está en prisión por la tragedia, y de los 22 sentenciados inicialmente, solo nueve mantienen condenas activas, todas por menos de seis años.
La lucha incansable de las familias
Las familias de las víctimas mantienen una lucha constante por justicia. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio es una de las principales voces en exigir que se ejecuten las sentencias y se responsabilice a todos los implicados. Patricia Duarte, madre de uno de los niños fallecidos, expresó:
“El Estado mexicano ha demostrado que no dará justicia a nuestros hijos. A 16 años seguimos esperando que se cumplan las penas, mientras los sentenciados siguen libres. Es un mensaje brutal de impunidad».
Acciones del Estado y respuesta internacional
En 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó una pensión vitalicia para las madres y padres de las víctimas, así como becas educativas y apoyos para los menores lesionados. Sin embargo, estas medidas se consideraron insuficientes por las familias, que continúan exigiendo justicia plena. El caso también se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se busca que el Estado mexicano sea responsable por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este caso.
El inmueble de la guardería y la memoria colectiva
El inmueble donde ocurrió la tragedia es objeto de controversia. En 2024, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, decretó la expropiación de la manzana donde se encuentra la guardería, lo que generó oposición por parte de los padres agrupados en el Colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que consideran que el sitio se debe preservar como un memorial y no que lo destruyan.
A 16 años del incendio en la Guardería ABC, las familias de las víctimas siguen enfrentando un sistema judicial que ha fallado en proporcionar justicia. Las reducciones de condenas, la liberación de implicados y la falta de ejecución de sentencias reflejan una profunda impunidad. Mientras tanto, las familias continúan su lucha incansable por la memoria de sus hijos y por un país donde tragedias como esta no se repitan.
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