La justicia penal contra expresidentes depende de superar la prescripción y probar su dolo, según el análisis legal
La posibilidad de llevar a juicio a expresidentes de México (desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto) no está definida por la voluntad política o el resultado de consultas populares, sino por la capacidad técnica de las autoridades judiciales para superar dos barreras infranqueables del sistema penal: la prescripción de los delitos y la dificultad para probar la responsabilidad dolosa directa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los exmandatarios ya fueron “juzgados por el pueblo” tras la Consulta Popular de 2021 . Este ejercicio, que buscaba el esclarecimiento de las decisiones políticas del pasado, no fue vinculante al no alcanzar el 40% de participación electoral requerido por la Constitución. En consecuencia, la obligación de investigar la presunta comisión de delitos preexiste en las fiscalías, siempre que se reúnan elementos probatorios suficientes.
El marco legal y la disociación del fuero
Antes de la reforma constitucional de 2019, el Presidente de la República gozaba de un fuero que limitaba su persecución penal en el cargo únicamente por Traición a la Patria y Delitos Graves del Orden Común. Sin embargo, una vez concluido su mandato, el expresidente perdía esa protección y podía ser juzgado como cualquier ciudadano por cualquier delito.
La reforma de 2019 amplió el catálogo de delitos por los que un presidente en funciones puede ser imputado, incluyendo expresamente Hechos de Corrupción y Delitos Electorales. Aunque esta reforma no es retroactiva, sienta un precedente en el enfoque fiscal para la persecución de estos mismos crímenes bajo la ley penal ordinaria contra los exmandatarios.
Los obstáculos inevitables del proceso penal
El mayor desafío para cualquier proceso penal exitoso no es político, sino procesal, centrado en cómo se puede aplicar el derecho penal personal a figuras de alta jerarquía.
La barrera de la prescripción
La prescripción define el límite de tiempo que el Estado tiene para investigar un delito. Para los sexenios más antiguos, como los de Salinas (1988-1994) y Zedillo (1994-2000), el tiempo transcurrido es el principal enemigo.
No obstante, juristas señalan que la prescripción no es un impedimento insuperable si los fiscales demuestran «creatividad». Esto implica reclasificar los ilícitos como
delitos continuos o de cuello blanco con penas altas (como delincuencia organizada o lavado de dinero), cuya acción penal no comienza a prescribir hasta que la actividad cesa o genera efectos a lo largo del tiempo.
La dificultad para probar el dolo directo
El principio del derecho penal es que la comisión y el castigo no trascienden al delincuente. Para atribuir responsabilidad a un expresidente, se requiere comprobar su participación directa, dolosa y activa o un encubrimiento posterior al conocimiento de los actos de corrupción.
Según expertos, no basta la complicidad pasiva o la negligencia administrativa; se necesita la prueba fehaciente de que el expresidente ordenó o tuvo conocimiento directo de la comisión del delito. La estructura jerárquica del poder presidencial suele crear un «muro de contención» legal, haciendo que la responsabilidad penal sea notoriamente difícil de probar en los niveles más altos.
Cargos potenciales y viabilidad legal por expresidente
| Expresidente | Mandato | Acusaciones y Posibles Cargos Penales | Viabilidad Legal |
| Carlos Salinas de Gortari | 1988-1994 | Corrupción y Saqueo: Privatización de la banca y Telmex; manejo de la Partida Secreta. | Baja. El principal obstáculo es la prescripción de la acción penal por la temporalidad (más de 30 años). |
| Ernesto Zedillo Ponce de León | 1994-2000 | Política Económica: Rescate bancario (Fobaproa) y el «Error de Diciembre». | Mínima. Las decisiones de política económica son sumamente difíciles de tipificar como delitos penales directos con dolo personal. |
| Vicente Fox Quesada | 2000-2006 | Omisión y Encubrimiento: Cierre de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) en 2007. | Mínima. Probar que el cierre constituyó un acto doloso con intención criminal eleva la carga probatoria a niveles muy altos. |
| Felipe Calderón Hinojosa | 2006-2012 | Crímenes de Lesa Humanidad: Violaciones sistemáticas de derechos humanos y desaparición forzada (cerca de 25,000 desaparecidos en 2012) durante la «Guerra contra el Narco». | Media (Condicional). La persecución por Crímenes de Lesa Humanidad evita la prescripción por ser imprescriptible bajo el derecho internacional. El reto es probar el dolo en la cadena de mando. |
| Enrique Peña Nieto | 2012-2018 | Hechos de Corrupción y Delitos Electorales: Caso Odebrecht. Se documentaron tres transferencias de Braskem (filial de Odebrecht) por un total de 1.5 millones de dólares (USD) a una compañía vinculada a Emilio Lozoya durante la campaña de 2012. | Alta (Condicional). Existe evidencia financiera clara de sobornos. La imputación exitosa depende de que la FGR pueda demostrar el conocimiento y orden directa (dolo) del expresidente. |
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