La informalidad masiva y salarios bajos definen el panorama laboral, desafiando el espíritu del Trabajo Decente
El 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente sirve como un recordatorio global de los pilares que deben sostener la vida laboral: empleos seguros, salarios justos y dignidad. En México, la realidad del mercado de trabajo en 2024 y 2025 se define por una dualidad compleja. Mientras las cifras de desocupación registran mínimos históricos, un análisis profundo de la calidad del empleo revela la persistencia de desafíos estructurales graves que impiden la materialización plena del mandato de Trabajo Decente.
La paradoja de la ocupación: baja tasa de paro, alta precariedad
México reporta una de las tasas de desempleo más bajas de su historia reciente, situándose en 2.2% en marzo de 2025. Sin embargo, este indicador macroeconómico no se traduce en bienestar generalizado para la población ocupada. La realidad se matiza al observar las métricas de precariedad:
La tasa de subocupación —personas que buscan trabajar más horas— se ubicó en 6.6% en marzo de 2025, un ligero incremento respecto al año anterior. Adicionalmente, el 34% de la población ocupada se encuentra en condiciones críticas de ocupación. Estas condiciones se manifiestan en extremos de intensidad laboral. En el segundo trimestre de 2024, el 25.7% de las personas laboró más de 48 horas semanales, un exceso que compromete el derecho a un horario decente y al equilibrio entre la vida familiar y laboral.
Esta conjunción de desocupación mínima con alta subocupación y sobrecarga laboral sugiere que las presiones económicas obligan a la población a aceptar cualquier empleo disponible. Incluso en condiciones desfavorables, lo que desvirtúa la aparente solidez del mercado.
El desafío estructural de la informalidad
El obstáculo más grande para el Trabajo Decente en el país sigue siendo la informalidad. Que niega de manera sistemática los derechos a la seguridad social, las prestaciones de ley y la protección legal básica.
Al tercer trimestre de 2024, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) a nivel nacional alcanzó el 54.6%, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores carecen de los beneficios de la formalidad. La disparidad regional acentúa la crisis: estados como Oaxaca (80.2%), Guerrero (77.3%), Chiapas (74.8%) e Hidalgo (72.9%) reportaron las tasas de informalidad más altas en el segundo trimestre de 2024. La persistencia de porcentajes superiores al 70% en el sur-sureste refleja una limitación institucional para fiscalizar y regular vastas zonas, perpetuando un estado de desregulación de facto que profundiza las brechas de equidad.
Crisis del ingreso: pobreza laboral crónica
El pilar de «ingresos adecuados» se encuentra gravemente comprometido. Los datos de marzo de 2025 indican que el 69% de la población que percibe ingresos obtiene un monto equivalente a menos de un salario mínimo o hasta dos salarios mínimos por su trabajo.
Más alarmante aún es el vínculo directo entre salario y pobreza. El 45% de los mexicanos ocupados tiene un sueldo que resulta insuficiente para superar el umbral de pobreza por ingresos. Además, el 4.2% de los trabajadores se encuentra en la condición de ocupados no remunerados, realizando su labor sin percibir ingreso alguno.
Una anomalía económica reciente, detectada entre el tercer y cuarto trimestre de 2024, sugiere una erosión del beneficio de la formalidad. En este periodo, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada formal se redujo en un 2.2%, mientras que el ingreso de la población informal aumentó un 2.5%. Esta pérdida de poder adquisitivo en el sector regulado socava uno de los principales atractivos de la formalización, planteando un riesgo para las políticas que buscan migrar a los trabajadores de la informalidad.
La dimensión de la dignidad: acoso, explotación y riesgo psicosocial
El Trabajo Decente exige la garantía de un entorno seguro y digno. Sin embargo, en México, la violencia laboral y la explotación infantil representan violaciones graves y generalizadas.
1. Violencia Laboral y Mobbing: El acoso laboral (mobbing), definido por la intimidación, exclusión o descalificación constante, afecta a una proporción significativa de la fuerza laboral. El 44% de los profesionistas mexicanos ha sido víctima de mobbing o acoso, y el 65% ha sido testigo de tales abusos en contra de un compañero de trabajo. Cerca de la mitad de las víctimas de acoso son mujeres.
La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 obliga a todos los centros de trabajo a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, y a promover un entorno organizacional favorable. La existencia de multas cuantiosas por incumplimiento y la intensificación de las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que impuso más de 15,000 multas relacionadas con la normatividad laboral en 2024, demuestran un rigor creciente. No obstante, la alta prevalencia de acoso indica que la implementación de la NOM-035 se enfrenta a una resistencia cultural y se limita a menudo a la aplicación de cuestionarios sin un cambio profundo en la cultura organizacional.
2. Explotación Laboral Infantil: La violación más flagrante de la dignidad es la explotación infantil. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) de 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. Lo que representa el 13.1% de la población total en ese rango de edad.
Dentro de esta cifra, 2.1 millones de NNA (57.1%) están en ocupaciones no permitidas. Lo que incluye actividades consideradas peligrosas (56.7%) o trabajos realizados por debajo de la edad mínima legal (43.3%).
La explotación infantil presenta una marcada diferenciación por género:
- Niños: El 60.2% de la población en trabajo infantil son hombres. Su participación en ocupaciones no permitidas se concentra principalmente en el sector Agropecuario (39.0%) y la Construcción (9.6%), actividades físicas y peligrosas.
- Niñas: El 39.8% son mujeres. Las niñas presentan una mayor concentración en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas (59.7%), además de los sectores de Comercio y Servicios.
El cumplimiento heterogéneo de las reformas
Las reformas estructurales de 2019 y 2021 han tenido un impacto desigual.
Por un lado, la reforma que prohibió el outsourcing de personal en 2021 se considera un éxito en términos de formalización inmediata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que 2.7 millones de trabajadores que estaban bajo esquemas de subcontratación fueron migrados a las nóminas de las empresas reales. Salvaguardando derechos esenciales como pensiones y fondo de vivienda.
Por otro lado, el pilar de la Libertad y Democracia Sindical del Nuevo Modelo Laboral (NML) enfrenta una resistencia evidente. El proceso de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), diseñado para erradicar los contratos de protección, avanzó lentamente. De una estimación de 50,000 CCT potencialmente vigentes, solo alrededor del 7.6% (3,800 CCT) fueron legitimados al vencer el plazo legal en mayo de 2023.
La baja tasa de legitimación sindical contrasta con la alta tasa de formalización forzada por la regulación del outsourcing. Esto sugiere que, si bien las empresas responden rápidamente a los riesgos fiscales y financieros, existe una fuerte inercia o resistencia activa en las estructuras sindicales y empresariales para implementar cambios que otorguen poder real a los trabajadores a través de la transparencia y la democracia sindical.
En conclusión, México continúa lidiando con un mercado laboral dual: mientras el sector formal avanza en el cumplimiento de derechos individuales básicos debido a la vigilancia legal, una mayoría significativa de la población activa permanece en un estado de precariedad estructural, con bajos salarios, alta informalidad y exposición a graves violaciones a la dignidad laboral como el mobbing y la explotación infantil.
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