Trabajadores denuncian despojo mientras orden judicial permite retirar maquinaria sin pagar adeudos
La tensión en torno al colapso de Altos Hornos de México (AHMSA) escaló este miércoles cuando cientos de trabajadores protestaron en las instalaciones de la siderúrgica, luego de que una orden judicial autorizara el retiro de maquinaria por parte de empresas acreedoras, a partir del próximo 6 de agosto.
¿Por qué protestan los trabajadores de AHMSA?
Los obreros calificaron la resolución como un “saqueo legalizado”, ya que permite a empresas como Madisa y Caterpillar desmontar y retirar activos sin que se hayan cubierto salarios caídos, finiquitos ni prestaciones.
La crisis, aseguran, ha dejado a más de 70 mil personas afectadas directa o indirectamente, muchas de ellas con hasta seis años sin recibir su liquidación.
“No permitiremos que se lleven ni un clavo”, advirtió David Perales Fierro, vocero del movimiento, quien confirmó que reforzarán los bloqueos y patrullajes en puntos clave como Punto Cero y Puerta 4.
¿Qué dice la orden judicial?
Emitida dentro del expediente 19/2023 del proceso de quiebra mercantil, la resolución permite a empresas externas recuperar equipos, maquinaria, vehículos y 237 carros góndola, argumentando que esos activos no pertenecen a AHMSA, sino a terceros bajo contrato.
También autoriza la terminación de arrendamientos en favor de los acreedores. Esto ocurre mientras los trabajadores aún esperan solución al pago de más de 15 mil millones de pesos en adeudos laborales.
¿Qué exigen los trabajadores de AHMSA?
El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C. mantiene su postura: no saldrá nada de las instalaciones hasta que se pague lo que legalmente se les debe. Denuncian además que mientras sus familias sobreviven en la incertidumbre, el síndico mantiene en nómina a familiares y cercanos con sueldos elevados, sin transparencia ni resultados.
¿Qué está en juego para Monclova y Coahuila?
AHMSA fue, durante décadas, el motor económico de la región centro de Coahuila. Su caída ha generado desempleo, migración forzada, y una parálisis industrial sin precedentes.
El retiro de maquinaria podría sepultar cualquier posibilidad de reactivación futura y representa la última esperanza de pago para miles de familias.
¿Qué ha hecho el gobierno?
La declaratoria de quiebra se emitió el 7 de noviembre de 2024, tras un fallido intento de reestructura. Desde entonces, el gobierno federal —ya bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum— ha prometido un «plan de justicia», pero no ha detallado plazos ni montos.
El único avance concreto ha sido la entrega de una lista de 11 mil trabajadores elegibles para pago y una solicitud al IMSS para verificar antigüedades laborales.
¿Qué se les ha ofrecido a los trabajadores?
- Solo el 20% de sus liquidaciones podría pagarse, según la Ley de Concursos Mercantiles.
- De los 15 mil millones de pesos en pasivos laborales, solo 3 mil millones serían prioridad en el concurso.
- Muchos activos están hipotecados, vendidos o comprometidos, limitando el margen para pagar.
¿Hay esperanza de solución?
Expertos como el abogado Federico Rosas son pesimistas: comparan el caso con Mexicana de Aviación, pero advierten que a diferencia de entonces, el Estado no ha mostrado interés real en intervenir.
El riesgo, afirman, es que los trabajadores pierdan todo, mientras empresas externas recuperan activos y el gobierno observa desde la distancia.
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