Reinstalan a dos funcionarias que Trump había despedido

Reinstalan a funcionarias despedidas por Trump / Foto: AP
Reinstalan a funcionarias despedidas por Trump / Foto: AP

La orden se basa en gran medida en una decisión de la Corte Suprema de hace 90 años conocida como Humphrey’s Executor, que determinó que los presidentes no pueden despedir a miembros de juntas independientes sin causa

Hoy 7 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. emitió una decisión dividida de 7-4 que restablece temporalmente a dos funcionarias, Cathy Harris y Gwynne Wilcox, quienes habían sido destituidas de sus cargos por el presidente Donald Trump. Esta resolución plantea interrogantes sobre la autoridad presidencial en relación con agencias independientes y podría ser revisada por la Corte Suprema, por lo tanto reinstalan a funcionarias en su puesto habitual.

Detalles del caso

Cathy Harris formaba parte de la Junta de Protección del Sistema de Mérito (MSPB), encargada de revisar disputas laborales de empleados federales. Gwynne Wilcox era miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), responsable de resolver casos de prácticas laborales injustas. A las dos las nombró el expresidente Joe Biden y destituidas por Trump al inicio de su segundo mandato en enero de 2025. La remoción de Wilcox dejó a la NLRB sin quórum, impidiendo su funcionamiento efectivo.

Fundamentos legales

La decisión del tribunal se basa en el precedente establecido en 1935 por el caso Humphrey’s Executor, que limita la capacidad del presidente para destituir a miembros de agencias independientes sin causa justificada. Sin embargo, este precedente se cuestiona por algunos teóricos legales conservadores que argumentan que restringe indebidamente el poder presidencial. Dado el actual equilibrio conservador de la Corte Suprema, existe la posibilidad de que este precedente se revise o lo anulen.

Argumentos de las partes

Los abogados del gobierno sostienen que el presidente tiene la autoridad constitucional para remover a funcionarios que desempeñan funciones ejecutivas, y que las restricciones legales que protegen a los miembros de estas juntas son inconstitucionales. Por otro lado, los representantes legales de Wilcox argumentan que su destitución sin causa y sin el debido proceso es ilegal, y que tales protecciones son esenciales para mantener la independencia de las agencias.

Implicaciones y reacciones

Esta decisión tiene implicaciones significativas para la administración pública y la independencia de las agencias federales. La destitución de Harris y Wilcox había generado preocupaciones sobre la capacidad de estas agencias para operar sin interferencia política. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció la gravedad de la situación y mencionó que su administración ya estaba abordando el problema de las invasiones ilegales. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los resultados de la investigación antes de emitir un juicio.

Próximos pasos

Se anticipa que este caso se llevará ante la Corte Suprema para una revisión más detallada, lo que podría resultar en una redefinición de los límites del poder presidencial sobre las agencias independientes. Mientras tanto, Harris y Wilcox ya se reestablecieron en sus posiciones, permitiendo que las respectivas juntas retomen sus funciones críticas en la administración de asuntos laborales y de empleo federal.

En resumen, la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. subraya la continua tensión entre el poder ejecutivo y la independencia de las agencias federales, y establece el escenario para una posible intervención de la Corte Suprema en el futuro cercano.

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